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El fuero ¿garantía, privilegio o impunidad?

2012-08-19 09:22:31

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de agosto.- Pensado originalmente para mantener un equilibrio de poderes, la figura jurídica es cada vez más criticada debido a que se entiende como sinónimo de impunidad para los servidores públicos.

Producto de una confusión histórica de los términos jurídicos, en México el fuero se convirtió en sinónimo de privilegio, cuando en realidad se refiere a un ámbito de competencia judicial que divide a la justicia en militar y civil, mientras que la excepción de la que gozan mil 854 servidores públicos, desde el Presidente de la República hasta diputados locales, es en realidad inmunidad procesal.

Adoptado en México después de su uso en la Europa del siglo XVII, el fuero fue aplicado originalmente para denominar la protección que los senadores y diputados federales tienen para expresar sus ideas, sus críticas, sin que ello les implique ser reprimidos por algún otro poder, pero con el paso del tiempo se decidió denominarlo constitucionalmente como inmunidad procesal, para dejar el concepto de fuero al ámbito de competencia judicial.

Así, en la Constitución sólo existe el concepto de fuero, para referirse a las leyes que aplican al ámbito de los militares, que se diferencia de las leyes civiles; por eso, existe el fuero militar y el fuero civil, que a su vez se divide en fuero federal y fuero común, y que se refiere exclusivamente al ámbito jurisdiccional, no a un privilegio, sino a la zona de aplicación de determinadas leyes.

De esta forma, el fuero militar no se refiere a un estado de privilegio de los soldados, como comúnmente se entiende para la inmunidad procesal de la que gozan mil 854 servidores públicos, entre legisladores, magistrados, gobernadores y consejeros electorales, sino al ámbito de un tipo de leyes que se refieren exclusivamente a un grupo común, con una disciplina propia, en este caso castrense, de acuerdo con la explicación que ofrece en su libro Derecho Constitucional Mexicano, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela.

Es por eso que la discusión y análisis que actualmente sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se refiere, en términos estrictos, al retiro de privilegios de los militares, sino a la definición de los ámbitos de aplicación de justicia que ameritan los delitos cometidos por ellos, precisa el senador Tomás Torres Mercado.

Y es que a pesar de que en la Constitución está claro que los delitos cometidos por los militares contra civiles, en tiempos de paz, deben ser castigados en los juzgados del fuero civil, la Ley de Justicia Militar ordena que todos los delitos cometidos por militares, sobre civiles o frente a sus propios compañeros, serán juzgados en sus tribunales, por considerarlos, todos, como una violación a la disciplina interna de las Fuerzas Armadas.

Las demandas de varios civiles para impugnar las decisiones de la Justicia Militar y exigir que los soldados que cometen delitos sobre civiles sean juzgados por tribunales civiles del ámbito federal o común, propició la discusión de la Suprema Corte, que poco a poco ha delineado lo que la propia Constitución ordena: los límites del fuero militar.

Pero el concepto de fuero no es ya sinónimo de impunidad para los servidores públicos que cometen delitos, porque la Constitución denomina como inmunidad procesal el privilegio que tienen estos funcionarios, federales y estatales, para evitar la aplicación de la ley en su contra,

Así, en la justicia mexicana la impunidad, el privilegio es propiciado principalmente por esa inmunidad procesal que, para retirarse y un servidor público pueda ser sometido a la justicia, como cualquier ciudadano, en caso de cometer delitos graves, requiere de un juicio que sus propios compañeros le realizan, denominado “de procedencia”, para determinar si los agravios cometidos son suficientes para retirarle esa inmunidad.

La denominación común, sin embargo, se refiere al juicio de procedencia como al juicio de desafuero, porque parte de la idea de mantener la definición de fuero a este privilegio procesal.

Normas

De acuerdo con diversos artículos de la Constitución, principalmente el artículo 111, en México son mil 854 los servidores públicos quienes gozan de esta inmunidad procesal.

Se trata del Presidente de la República, los 500 diputados federales, 128 senadores, 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siete Consejeros de la Judicatura Federal, 20 secretarios de Estado, 66 integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

También, el procurador General de la República; el procurador de Justicia del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal; los nueve integrantes del Instituto Federal Electoral (IFE), los mil 71 diputados estatales de las 31 entidades, así como sus 31 gobernadores.

Para los casos de los diputados y gobernadores de los 31 estados, corresponde a los Congresos locales realizar el juicio de procedencia, y los motivos varían de acuerdo con las propias constituciones de cada uno.

Para el caso de los servidores federales, como es el resto, incluidos el jefe de Gobierno del Distrito Federal, la ALDF y el procurador capitalino, el procedimiento corresponde al Congreso de la Unión, donde la Cámara de Diputados es la sede del juicio y el Senado tiene la opción de asumirse como el que solicita el juicio de procedencia.

Eso ocurrió en 2005 cuando la Cámara de Diputados procesó a Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, para quitarle la inmunidad procesal, ante su negativa a acatar una orden judicial de suspender la construcción de un camino en un terreno de propiedad privada.

El episodio, que concluyó con la aprobación mayoritaria de la Cámara de Diputados para retirarle la inmunidad procesal, se conoce como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de que estaba libre para enfrentar a la justicia, la Procuraduría General de la República ya no procedió, pero todo el capítulo le generó una importante fama política a quien después fue el candidato presidencial del PRD y estuvo a menos de un punto porcentual de ganar la Presidencia de la República.

Años después, la Cámara de Diputados también debió emprender otro proceso de desafuero, luego que la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República acusaron que el novel diputado federal, Julio César Godoy, era cómplice de la banda criminal conocida como La Familia, que opera en el estado de Michoacán.

Julio César Godoy ya era sospechoso de nexos con el narcotráfico semanas antes de ganar la diputación federal y se escondió durante varias semanas hasta que, auxiliado por su partido, el PRD, ingresó en una cajuela de automóvil al Palacio Legislativo de San Lázaro para tomar posesión como diputado federal y de esa forma tener derecho a la inmunidad procesal.

Pero la exhibición de las pruebas, consistentes en una serie de grabaciones, llevaron a la Comisión Instructora, que es la dedicada a procesar las peticiones de retiro de la inmunidad procesal, a aprobar por unanimidad el retiro de esa protección, aunque ya para entonces el también medio hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, ya estaba en calidad de prófugo.

La reforma

Y precisamente los casos de políticos como Julio César Godoy han llevado a que varios grupos de la sociedad civil exijan el cambio del llamado fuero legislativo, para evitar que se entienda como un sinónimo de impunidad, en lugar de una garantía para el ejercicio libre de su papel como servidores públicos.

El PAN ha sido el principal impulsor de que se realice una reforma que desaparezca esta inmunidad procesal, aunque tanto el PRI como el PRD han dejado en claro que se debe acotar, pero no desaparecer.

Así, en diciembre del año pasado, el Senado aprobó un cambio que busca abrir el camino para acotar el fuero, pero en la Cámara de Diputados se quedó en comisiones, sin discusión alguna.

El argumento, esgrimido en la discusión de comisiones es que se busca evitar que el Ministerio Público sea utilizado políticamente para golpear adversarios. En todo caso, como explicó en su momento Pablo Gómez, quien propuso la reforma, si la Cámara se niega a entregar a un delincuente, será una decisión política que deberá asumir como tal.

Fue precisamente esta decisión lo que llevó en noviembre de 2012 a los senadores Felipe González, del PAN y Tomás Torres, del PRD, a oponerse a la reforma constitucional, pues argumentaron que todo queda igual; sin embargo, la mayoría de los integrantes de las comisiones decidieron respaldar la iniciativa de Pablo Gómez y se aprobó por unanimidad en el pleno.

Y es que la reforma precisa que “cuando el juez de la causa dicte sentencia condenatoria de primera instancia, el mismo juez solicitará desde luego a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad para el efecto de que el sentenciado cese en sus funciones y quede a disposición de la autoridad correspondiente.

“En la Cámara de Diputados no se producirá dictamen previo alguno y ésta resolverá con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes sobre el pedimento judicial dentro de los diez días hábiles, a partir de la presentación del mismo y con audiencia del servidor público. En los recesos del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente convocará de inmediato a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, la que deberá reunirse dentro del mismo plazo”, dispone.

Pero aclara que “si la resolución de la Cámara fuese negativa se mantendrá la inmunidad del sentenciado, pero ello no será obstáculo para que una vez concluido el ejercicio del cargo, las autoridades procedan conforme a la ley”.

Avanzan restricciones a fuero militar en AL

Países de la región flexibilizan sus normas para que sean juzgados por tribunales ordinarios.

Algunos países de América Latina que cuentan con Ejército han flexibilizado su Constitución para que los militares que cometen delitos sean juzgados por la justicia ordinaria, mientras que en la mayoría convergen los sistemas mixtos tanto civil como militar para enjuiciar a los elementos de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con un estudio realizado por el Atlas comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe en su versión 2010, en la mayoría de los países latinoamericanos se aplica el sistema penal mixto para juzgar a aquellos militares que incurren en algún ilícito.

Sin embargo, en Ecuador, según la reforma de 2010, los miembros de las Fuerzas Armadas serán juzgados por los órganos de la Función Judicial, en el caso de delitos cometidos dentro de su misión específica, por salas especializadas en materia militar, pertenecientes a la misma Función Judicial, pero “en la aplicación del principio de unidad jurisdiccional, los miembros de las Fuerzas Armadas serán juzgados por la justicia ordinaria”, según el Atlas latinoamericano.

Los delitos y faltas estrictamente militares cometidos por miembros del Ejército nicaragüense serán conocidos por los tribunales militares, pero los delitos y faltas comunes de soldados serán conocidos por los juzgados comunes. En ningún caso los civiles podrán ser juzgados por tribunales militares.

En Paraguay, según el Atlas, los tribunales militares sólo juzgan delitos y faltas de carácter militar  cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas en servicio activo, pero sus fallos podrán ser recurridos ante la justicia ordinaria.

Uruguay prevé justicia castrense para delitos militares y estado de guerra. Los delitos comunes cometidos por soldados en tiempo de paz, cualquiera que sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a tribunales ordinarios.

Caso argentino

En agosto de 2008 el Senado de Argentina aprobó un proyecto de reforma elaborado por juristas, militares y organismos de derechos humanos, que elimina el fuero castrense, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

La Comisión Internacional de Juristas, en voz de Federico Andreu Guzmán, señala que Perú, en 1998, incorporó los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura al código penal ordinario, con la prescripción de que estos delitos “se tramitarán en la vía ordinaria y ante el fuero común”

En Chile, pese a mantener un sistema de fuero militar, los diputados y senadores pueden juzgar a los generales y almirantes.

En Colombia, la Corte fijó un tope a las Fuerzas Armadas en 1995, cuando permitió que delitos como tortura o violación fueran castigados por la justicia ordinaria.

Sobre el tema, David Pion-Berlin, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Califorinia en Riverside, afirmó que los cambios son patentes, pero los países latinoamericanos deben trazar claramente las atribuciones a los ejércitos para evitar excesos de sus integrantes y que tengan que enfrentar la justicia civil.

Fuente: Excelsior

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