martes, julio 7

Activistas clausuran oficinas de la Codhey

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La violencia feminicida no para en Yucatán, lo cual quedó en evidencia con el asesinato de Lucero G.B., presuntamente a manos de su esposo Alejandro N.C., ocurrido la semana pasada, por ello activistas acudieron este fin de semana a las oficinas de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para clausurarla de manera simbólica, pues consideran que la institución ha sido omisa y su silencio es cómplice de la muerte de decenas de mujeres en los últimos siete años.

Integrantes de varias organizaciones, entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional Feminicidio, acudieron a las oficinas de esa dependencia para evidenciar que ese organismo ha sido omiso y corrupto, pues protegen a autoridades que han violado los derechos humanos.

“Nunca se pronuncian ante los feminicidios y las violaciones de niñas y mujeres”, manifestaron las activistas que fueron encabezadas por Nancy Walker Olvera y Adelaida Salas Salazar.

Precisaron que en Yucatán tan se registro 9 dolorosos casos de feminicidio en el 2017 y 6 en este año.

“Es un saldo negativo y el peor escenario de violencia que impacta en la vida y seguridad de las mujeres yucatecas ante un séptimo lugar en violencia física y segundo lugar en abuso sexual y violaciones a niñas”, expusieron.

Solicitaron que de manera coordinada con el Poder Legislativo, las autoridades estatales y federales construyan marcos legales y las políticas públicas para salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres, y que el nuevo gobierno estatal combata, sancione e implemente acciones que lleven a la erradicación de la violencia contra las mujeres mediante un eje transversal y una prioridad en su agenda política.

Aclararon que decidieron clausurar la Codhey por no procurar justicia ni dar atención a las víctimas, por ser omisa y violar su propia Ley al no emitir sus recomendaciones, por no pronunciarse ante la desaparición de niñas y mujeres desaparecidas.

Finalmente, señalaron que es organismo revictimiza, cuestiona y difama a las víctimas y sus familias, además de existir una evidente diligencia en la investigación de las quejas presentadas y la ausencia de denuncias por la falta de acceso a la justicia en la mayoría de los casos.

Fuente: La Jornada Maya

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