viernes, mayo 7

Advierten despojo de tierras en la Península de Yucatán por Tren Maya

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El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) denunció que el proyecto del Gobierno Federal impulsa un esquema que prioriza lo urbano y omite las realidades y derechos de las comunidades indígenas.

El proyecto Tren Maya busca que los territorios rurales que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas que por siglos los han resguardado y manejado, queden sin la presencia y custodia de su población originaria, facilitando la incorporación de las tierras y bienes naturales al desarrollo de actividades extractivistas y al mercado inmobiliario, denunció el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

A través del análisis “Tren Maya, nuevo impulso a la desruralización de la Península de Yucatán”, la organización civil expuso que este proyecto de infraestructura que impulsa el Gobierno Federal, pretende detonar un fuerte proceso de proletarización de la población rural, buscando que los campesinos e indígenas que hoy se auto emplean en sus tierras conformen una población urbanizada con escasas opciones de reproducir su cultura y tejido comunitario, orillada a emplearse en el nuevo orden forjado para la Península de Yucatán.

“Con este proyecto el Estado busca la llegada de grandes inversiones a la región, bajo el supuesto de que el empleo asalariado es la mejor forma de atacar la pobreza y la marginalidad. El porcentaje de población con empleo asalariado se incrementaría notablemente, como ha sucedido antes, sin embargo, esta apuesta se sustenta en un proceso de desposesión y despojo de las tierras de las comunidades, generando las condiciones para acentuar un modelo que concentra la riqueza y permite a grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumular capital y perpetuar su dominio. Todo ello en la Península de Yucatán, donde el 46.9 por ciento de la población se identifica a sí misma como maya”, apuntó el CCMSS.

El Consejo expuso que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) impulsa un esquema que prioriza lo urbano y omite las realidades y derechos de las comunidades indígenas, distribuidas en más de mil 510 localidades de los pueblos maya, tseltal, ch’ol, jakalteko, awuakateko y akateko .

De la misma manera, señaló que Fonatur omite reconocer que se trata de un territorio indígena habitado y poseído por pueblos originarios con derecho a la libre determinación, de acuerdo con la Constitución; ignora su conocimiento ancestral íntimamente ligado al territorio, su identidad cultural y formas de vida, sus sistemas y medios de producción, y su valioso papel en la protección y mantenimiento de la integridad de los territorios comunitarios.

Para acceder a los terrenos que requiere el proyecto Tren Maya, expuso que se usarán derechos de vía ya existentes y terrenos federales pero, además, se incorporarán tierras ejidales mediante un esquema de largo plazo de mercantilización y bursatilización de las tierras, conocido como Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (FIBRA), en el que los ejidos aportarían la tierra al Proyecto una vez completado el procedimiento de privatización de la tierra.

“Fonatur ha presionado de distintas formas a los ejidos para sumarse al Proyecto, como en los casos de los ejidos Bacalar, Tulum y Cobá, en Quintana Roo, a los cuales se les ha requerido aportar mil hectáreas a cada uno al proyecto, a cambio de hacerse socios. En los tres casos, las autoridades ejidales han expresado que el ejido no está de acuerdo en ceder tales extensiones de sus tierras. En estos casos, Fonatur ha reaccionado con amenazas de que no hay tren e incluso con la modificación del trazo del Proyecto”, expresó el Consejo.

De acuerdo con el Consejo, el Tren Maya no mejorará las condiciones de vida de la población campesina ya que, su patrimonio se sustenta en la propiedad social de la tierra, con las figuras del ejido y la comunidad agraria.

“Actualmente, la mitad de la tierra en la Península yace en manos de comunidades que usan sus territorios bajo diferentes arreglos internos, muchos de ellos colectivos”, enfatizó.

Esos territorios y ese derecho a administrarlos, continuó, son el resultado de un complejo proceso por el cual la reforma agraria mexicana extendió títulos de propiedad a miles de comunidades, hecho que ha otorgado seguridad para mantener y conservar el patrimonio por generaciones, y que ha salvado a muchas regiones del proceso de reconcentración de la tierra que se registra por toda América Latina.

El CCMSS, que lleva 26 años trabajando directamente con comunidades de diversos estados del país para impulsar el manejo forestal comunitario, expresó preocupación porque se comprometa la tierra ejidal de las comunidades indígenas en el proyecto del Tren Maya.

“Sin embargo, la propuesta del Fonatur que plantea la aportación de la tierra ejidal a los FIBRA pone en riesgo este enorme valor” añade el Consejo.

Fuente: Aristegui Noticias

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