Amparo aún no resuelto

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El juzgado federal analiza elementos del caso Homún

MÉRIDA.— En el litigio sobre la granja porcícola de Homún, lo que se debate ahora en el juzgado de distrito es si los permisos estuvieron bien o mal otorgados, sobre todo si hubo alguna violación a los derechos humanos, ya que éstos en materia constitucional, igual que los tratados internacionales, tienen supremacía sobre cualquier ley secundaria, explica el abogado Raúl Alberto Pino Navarrete.

Si hubiera la determinación de que hubo violación a los derechos humanos o que el funcionamiento de la granja atenta contra los derechos, entonces el juez concederá el amparo y seguramente eso determinará que vaya para atrás el proyecto porcícola, precisa el expresidente del Colegio de Abogados.

Otro escenario

Pero si del mismo amparo se determina que los permisos estuvieron bien otorgados y que se hicieron todos los estudios y que éstos no están viciados, el juez negará el amparo y la granja continuará, señala el maestro en derecho procesal.

Esta semana, el Juzgado Cuarto de Distrito, ante el cual se presentó la demanda de amparo, concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, lo que significa que la granja tendrá que parar sus operaciones mientras dure el proceso y se decida si se otorga o no el amparo. La audiencia constitucional, para resolver el caso, se efectuará a mediados de noviembre.

La demanda de amparo se presentó el 28 de septiembre por violar diversos derechos como al medio ambiente, la salud, el agua, el derecho al desarrollo, así como derechos de los pueblos originarios.

Qué es la suspensión

Entrevistado al respecto, el maestro Pino Navarrete explica que el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado no significa que se le conceda la razón al que promueve la demanda de amparo, sino que queda suspendido mientras se emite la sentencia definitiva.

Con esa decisión, precisa, el juez quiere decir: concedo la suspensión mientras resuelvo el amparo.

La suspensión, recuerda, puede ser provisional o definitiva. La primera es de carácter inmediato, por la gravedad que pueda tener el asunto del que se trate y cuando no hay tanto tiempo para el papeleo.

Posteriormente se puede otorgar la suspensión definitiva, que es mientras el juez resuelve el amparo, cuyo estudio requiere más tiempo.

El plazo para resolver un amparo, continúa el abogado, es de 30 días, prorrogables a 60, hasta que se resuelva en la audiencia constitucional, que es donde el juez, con los elementos que se hayan aportado, decide si hubo o no violación a los derechos de los promoventes.

Después de la resolución del amparo, apunta el licenciado Pino, las partes se podrán ir a un recurso de ley para que conozca el tribunal colegiado de distrito, que es una autoridad superior. Este colegiado determina si lo que hizo el juez de distrito está bien o mal. El que interponga el recurso alegará que la decisión del juez no fue la correcta porque no tomó en cuenta varios factores.

En este caso lo más probable es que cualquiera de las dos partes se va a inconformar.

Dos administraciones

Respecto a la actuación del gobierno ante un caso que se gestó en una administración anterior, el abogado Pino Navarrete, titular de la Notaría Pública número 76, señala:

—El principio que debe regir a un gobierno en relación con el gobierno anterior en cualquiera de los rubros tiene que atender dos cosas: primero, la legalidad, que consiste en que lo que se esté haciendo sea conforme a derecho, y segundo, que cualquier acción de gobierno realmente traiga mayor beneficio para la comunidad, para el pueblo considerado como un todo, no como cuestiones particulares.

—También hay que recordar que puede haber derechos adquiridos por quienes recibieron el permiso. Si los permisos fueron otorgados sin ningún problema de legalidad, eso lo va a determinar la ley.

—En el caso de la granja, la legalidad tiene que ver con que no se estén contaminando los pozos o cenotes, que no se esté afectando de una manera ilegal a nadie, que el interés legal y legítimo de las personas no se esté afectando, que los derechos humanos estén a salvo…

—Si se determina que todo es legal porque no hay afectación, ya no es facultad del gobierno revocar algo que él mismo ya dijo que está correcto y que por eso, como autoridad, no como persona, dio los permisos.

—Pero si los estudios presentados para obtener los permisos no hubieran sido correctos o se demostrara que sí existe riesgo y que por eso la autorización no se debió dar, pues la autoridad (el juez federal en este caso) va a conceder el amparo y va a dejar sin efecto los permisos en todo lo relativo a la granja.

—Si la autoridad federal determina que es legal, ya no habrá mucho margen en donde moverse.

Respuesta del gobierno

En relación con la respuesta que dio el actual gobierno del Estado al Juzgado de Distrito, el entrevistado dijo que, en su opinión, hubo una interpretación inexacta de los términos técnico jurídicos respecto al informe que el gobernador envía a la autoridad judicial.

—Dicho en un lenguaje sencillo, lo que ocurrió fue lo siguiente —expone—: de acuerdo con la Ley de Amparo, cuando una persona promueve un amparo directo tiene que señalar a todas las autoridades que considera responsables de la violación a sus derechos humanos.

—Entonces el juez de distrito debe preguntarle a cada una de las autoridades si es cierto o no el acto reclamado que se le atribuye. En este caso, la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal contesta en su informe que no es cierto el acto que se le atribuye al gobernador, en virtud de que asegura que éste no realizó ningún acto de los que se reclaman y, como una consecuencia de esa negativa, pide se niegue la suspensión del acto reclamado porque éste es inexistente, en lo que se refiere únicamente al gobernador.

—En esos términos, la interpretación en derecho es que la Consejería Jurídica solicita se niegue la suspensión exclusivamente respecto del acto que se atribuye al gobernador, porque este acto no existe según su mismo informe, pero eso no significa que se haya pronunciado respecto a la suspensión ni de la veracidad de los actos reclamados de las demás autoridades señaladas como responsables en ese mismo amparo, porque cada autoridad señalada como responsable tiene que emitir su propio informe.

No es la persona

—Hay que recordar que al señalarse en un amparo a una autoridad como responsable no se refiere a la persona que ocupa el cargo, sino a la figura de la autoridad. En este caso el gobernador no niega el acto como persona sino como autoridad; es decir, afirma que la autoridad llamada gobernador (el actual o sus antecesores) no realizó el acto que se reclama.—

Fuente: Diario de Yucatán

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