sábado, agosto 15

Ante la ASEY y Anticorrupción caso de Chichimilá

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Ya investigan a un alcalde

Sobre las denuncias contra Samuel Uc Poot, alcalde de Chichimilá, de haber tomado el año pasado más de $2 millones del erario para su beneficio personal, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción empezó de oficio una investigación, informó ayer su titular, José Enrique Goff Ailloud.

En los mismos términos se expresó Mario Can Marín, auditor superior del Estado (ASEY), pues recibieron una queja contra el alcalde y el tesorero de ese municipio.

Entrevistados, ambos confirmaron que ya se avocaron a ese caso e iniciaron los procesos que les corresponde de acuerdo con las dependencias que encabezan, y también precisaron que si antes no lo habían hecho, era porque nadie se les había informado.

Goff Ailloud declaró que anteayer, al enterarse de las declaraciones de la diputada Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano, giró instrucciones para que se inicie un proceso de investigación.

“Por lo declarado y según expuso la legisladora, en el sentido de que incluso consta por escrito en un acta de Cabildo, es algo muy serio. Precisamente por la gravedad de los hechos, ordené que de inmediato se proceda”, dijo.

A reserva de lo que la Auditoría Superior realice, por si ya lo hubiese detectado en sus auditorías, y decidieran interponer una denuncia, entonces lo que presente se acumularía a la carpeta de este caso, que ya desde ayer se radicó en esa Fiscalía, y empezaron a documentarla con una investigación ya abierta.

“De acuerdo con la narrativa de la información que presenta la diputada en su denuncia pública, se trata de hechos delictivos constitutivos, parece estar todo muy claro, pero hay que documentarlo para proceder legalmente, para empezar se mandará citar al mismo alcalde”, comentó.

Por su parte, el auditor superior comentó que el lunes pasado recibieron una denuncia contra el actual alcalde y tesorero de Chichimilá en funciones, por un faltante aproximado de $2 millones en el fondo de infraestructura, y se le dará la celeridad, de conformidad con la ley de responsabilidades administrativas.

Luego precisó que con esta denuncia de vecinos de esa población, ya iniciaron un proceso sobre este caso, independientemente de la fiscalización de la cuenta pública 2019 que se incluye en el programa anual de auditoría, y que como parte de esta misma corresponderá revisar las cuentas públicas de ese municipio.

También anticipó que si se confirma lo denunciado, y una vez documentado, presentarían una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el Estado, para que se proceda contra esa autoridad, aún este en funciones, pues recordó que los alcaldes ya no tienen fuero.

Fuente: Diario de Yucatán

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