miércoles, agosto 5

Apicultores ganan resolución jurídica

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Nuevo episodio en el conflicto de los transgénicos

El Tribunal Colegiado en Materias Laboral y Administrativa del 14o. Circuito con sede en Mérida resolvió el 4 de este mes de manera favorable el amparo en revisión 115/2016 presentado por la representación legal de más de 2 mil apicultores.

El Grupo Indignación informa que los apicultores son de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab, que en el año 2012 solicitaron por escrito a sus alcaldes establecer en sus municipios zonas libres de transgénicos.

El objetivo es la protección de productos agrícolas orgánicos y otros de interés de las comunidades solicitantes, como es la miel libre de polen GM.

A pesar de que la solicitud fue avalada por los respectivos municipios y por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado de Yucatán (Seduma), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), perteneciente a la Sagarpa, negó la declaratoria de ZLGM, aduciendo que no existía la norma aplicable para decretar dichas zonas.

Por otro lado, la autoridad no había argumentado lo mismo para el otorgamiento del permiso 07_2012 para la liberación en etapa comercial de soya genéticamente modificada en 7 estados, incluyendo los de la Península de Yucatán.

Frente a esa resolución, en agosto de 2013 los apicultores de las comunidades de esos 10 municipios tramitaron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Mérida (Expediente 1101/2013), por la omisión de las autoridades federales.

El Juzgado resolvió de manera favorable, ordenando a Senasica y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que realizara una consulta en materia indígena en los municipios y emitiera una nueva resolución.

Frente a esa determinación, tanto Cibiogem como Senasica, como los apicultores, presentaron recursos de revisión impugnando la resolución del Juez.

Finalmente, después de casi tres años de litigio ante el Tribunal Colegiado en Materias Laboral y Administrativa, éste determinó ratificar la concesión del amparo, pero señalando que la violación principal consistía en que la negativa de declaratoria de zonas libres de transgénicos había sido emitida por una autoridad incompetente (Senasica), cuando en realidad correspondía directamente a la Sagarpa resolver sobre esa solicitud. Con lo anterior, será Sagarpa la que deberá resolver la solicitud planteada en octubre de 2012 por más de 2 mil apicultores mayas del estado de Yucatán.

Indignación señala que resulta lamentable que el Poder Judicial Federal haya tardado 6 años en resolver el litigio promovido por las comunidades de estos 10 municipios y que en su sentencia no haya reconocido la discriminación que dichas comunidades han sufrido al no hacerse efectivo su derecho a la libre determinación expresado en su decisión de plantear la no siembra de transgénicos en su territorio.

Por otra parte, ahora toca a Sagarpa decidir sobre esa solicitud presentada por las comunidades, y en ese sentido es fundamental que dicha secretaría reconozca en principio que existe una determinación expresada por más de dos mil mayas de comunidades de 10 municipios del estado en ejercicio de su derecho a la libre determinación exigiendo que se declaren libres de transgénicos sus territorios.

La agrupación afirma que existen todas las pruebas técnicas y científicas que demuestran que la siembra de transgénicos es inviable en la Península de Yucatán, dado los riegos ambientales, sociales y económicos que se generarían para las comunidades. Tan es así, que la propia Senasica, instancia que otorgó los permisos a Monsanto para la siembra en fase comercial de soya transgénica en la Península, ha determinado revocar dichos permisos, entre otras cosas, bajo el argumento que esa empresa había hecho un “manejo no confiable” de la tecnología autorizada, puesto que “no existía certeza de la efectividad de los controles de inventarios de la semilla.” También señaló que la liberación de organismos genéticamente modificados en sitios no autorizados en el permiso y la pérdida del control del material genéticamente modificado es “un daño grave o irreversible”.

La revocación realizada por Senasica del citado permiso, además de acreditar la inexistencia medidas de bioseguridad que salvaguarden el medioambiente de la región frente a la siembra de transgénicos, establece claramente la existencia de daños graves e irreversibles, afirmación que refuerza lo señalado en su momento por las comundiades al hacer la solicitud de declaratoria de ZLT.

Además, Sagarpa tendrá que considerar otros estudios y documentos que han determinado la inviabilidad de la siembra de transgénicos en la Península de Yucatán.

Cuando menos desde 2012, tanto la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) habían advertido de la falta de condiciones para implementar adecuadas medidas de bioseguridad en la región frente a la siembra de OGM, dado que ya se había documentado, en las fases experimental y piloto, siembra de soya transgénica de Monsanto fuera de los polígonos permitidos, incluyendo en áreas naturales protegidas de la Península de Yucatán.

Resultaría de sumo grave que con esas evidencias y frente a la exigencia clara de las comunidades mayas, la Sagarpa, al cumplir la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado, negara la solicitud hecha de manera legítima, en uso del derecho a la libre determinación y con la claridad de las pruebas científicas que realizaron más de 2 mil apicultores de 10 municipios.

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