domingo, agosto 18

“Carnal” o “que sirva”, resolverá muy poco

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Bitácora del director

PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

17 de Agosto de 2018

El proceso para transformar la PGR en Fiscalía General de la República ha seguido caminos tortuosos.

En el primer tercio del sexenio, los partidos firmantes del Pacto por México se habían puesto de acuerdo para que el PRI se quedara con la Fiscalía General en su primer periodo de nueve años; el PAN, la Fiscalía Anticorrupción, y el PRD, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales.

La única parte de ese acuerdo que pudo cumplirse fue esta última: Santiago Nieto —asesor de la bancada del PRD en el Senado— se convertiría en titular de la Fepade, a principios de 2015.

Lo demás quedó en el aire y mucho tuvo que ver la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a finales de septiembre de 2014.

La atracción de ese caso por parte de la PGR significó un gran desgaste para el entonces procurador Jesús Murillo Karam. La mesa que estaba puesta para que él se convirtiese de forma automática en el primer fiscal general —de acuerdo con la reforma al artículo 102 constitucional que habían aprobado en el Congreso los partidos firmantes del Pacto— de pronto se desacomodó.

Para finales de ese año, el presidente Enrique Peña Nieto andaba buscando sustituirlo. “Estoy pensando en cambiar a Jesús, lo veo cansado”, explicaba a quienes sondeaba para el cargo.

El relevo en la PGR se concretó el 27 de febrero de 2015, ocho días después de que Santiago Nieto tomara posesión en la Fepade. El pase automático quedó en suspenso. La Cámara de Diputados había aprobado la ley orgánica de la nueva Fiscalía General, pero ésta se congelaría en comisiones del Senado.

A Arely Gómez, la nueva procuradora, no le interesaba ser fiscal y tampoco se lo propusieron. El pase automático no volvería a ser tema sino hasta que Gómez fue sustituida por Raúl Cervantes, en octubre de 2016, con la campaña que organizaciones civiles y la oposición armarían contra éste, acusándolo de tener por plan convertirse en el “fiscal carnal” del presidente Peña Nieto.

Con sus críticas por el manejo del caso Ayotzinapa, el PRD había logrado frenar el pase de Murillo a la Fiscalía. Lo mismo hizo después el PAN con Cervantes. Acción Nacional entendió que podía sacar provecho electoral de la debilidad del gobierno federal y el PRI por los casos de corrupción y, con exigencias de mayor autonomía para las instituciones creadas por el Pacto, dinamitó el arreglo original.

No lo hizo sin ganancia: en las elecciones estatales de junio de 2016, el PAN ganó siete de las 12 gubernaturas en juego y se puso momentáneamente a la cabeza de la aún joven carrera presidencial.

Peña Nieto cedió a la presión y, en noviembre de 2016, envió una iniciativa al Congreso para anular el pase automático de procurador a fiscal.

Sin embargo, eso hizo que el proceso de cambio institucional se frenara aún más. Pese a las presiones de las organizaciones civiles, fue imposible terminar de aprobar el andamiaje legal para crear la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción y nombrar a los titulares de dichas instituciones.

El PRI también entró en el juego del sabotaje: en octubre de 2017, Santiago Nieto fue destituido como fiscal electoral por parte del encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien había quedado a cargo de la dependencia luego de la renuncia de Cervantes al cargo, cuatro días antes.

Todo quedó en veremos hasta que no concluyera el proceso electoral de 2018. El abrumador triunfo de Andrés Manuel López Obrador y Morena en los comicios cambió por completo las reglas del juego.

Al tabasqueño no parece importarle lo negociado por los partidos del Pacto por México. Si por él fuera, la PGR no dejaría de existir. Lo demostró, entregando su propuesta de tres para hacerse cargo del órgano de procuración de justicia federal, como dispone el modelo anterior, sin esperar que se apruebe el nuevo, que contempla un proceso de designación distinto.

Si el cambio de PGR a Fiscalía sigue adelante, será sólo por el impulso de las organizaciones civiles. Sin embargo, éstas también parecen tan pasmadas por la magnitud del triunfo del lopezobradorismo como los tres partidos tradicionales.

Pese a todo el tiempo y esfuerzo que se ha dedicado a la transformación de la PGR en Fiscalía, es de dudarse que ésta pueda ser la panacea contra la impunidad que buscan los mexicanos.

Apenas 8% de los delitos que se persiguen son federales. Actos graves de violencia como el homicidio, el secuestro y las desapariciones seguirán siendo asuntos del fuero común, es decir, estarán en manos de las procuradurías y fiscalías estatales.

Así que ya sea que el primer fiscal sea “carnal” de López Obrador o un funcionario independiente “que sirva”, muy poco podrá hacer por castigar los delitos que realmente duelen a los mexicanos.

 

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