sábado, julio 11

El abandonado Hospital de Ticul podría funcionar

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Negocian rescate

Funcionarios del gobierno federal estarían en negociaciones con autoridades yucatecas y directivos de Infraestructura Hospitalaria de la Península (IHP) para rescatar el Hospital de Ticul, abandonado desde 2014.

Según el alcalde ticuleño, Rafael Montalvo Mata, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mucho interés en hacer funcionar este hospital, como lo demuestran las dos visitas que ha hecho a las obras inconclusas, en los últimos nueve meses, Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Representantes del gobierno local, dice, también han recorrido esas obras.

La primera visita de Ferrer Aguilar ocurrió en abril de 2019 y la segunda, a principios de noviembre, recuerda Montalvo Mata.

El 15 de enero, en la “reinauguración” del Hospital de Tekax —otro ejemplo de corrupción y mala planeación de los gobiernos de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello—, el director del Insabi le confirmó a Montalvo Mata que “hay un acercamiento con todas las partes” para abrir el hospital.

Este acercamiento se estaría dando no obstante el veredicto a favor de Infraestructura Hospitalaria de la Península —empresa subsidiaria de Grupo Marhnos, a la que Ivonne Ortega adjudicó un contrato de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) para construir y operar ese hospital—, emitido por un tribunal internacional de arbitraje, dentro del litigio que la compañía tiene con el gobierno estatal por la cancelación que éste hizo del contrato en 2015.

El director del Insabi me dijo, señala Montalvo Mata, que las conversaciones están avanzadas, pero aún no hay acuerdo sobre el régimen legal que tendría el hospital, es decir, si se conservaría el esquema de PPS, y sobre las reclamaciones económicas que formula la empresa.

De acuerdo con el alcalde, Ferrer Aguilar le reiteró la voluntad del gobierno federal para aprovechar la infraestructura que ya existe en el Hospital de Ticul y le confirmó la buena disposición de todas las partes involucradas para abrirlo.

A su vez, funcionarios del gobierno del Estado, a petición del Diario, confirman extraoficialmente la existencia de esas negociaciones que, dicen, “en efecto, están avanzadas”.

Antecedentes

El conflicto entre IHP y el gobierno yucateco se inició en 2015, cuando la administración de Zapata Bello canceló el contrato de PPS con esa empresa, debido a los continuos atrasos en la entrega de las obras.

El constructor no aceptó esa decisión y acudió a la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, para dirimir las diferencias. Este organismo falló a favor de la empresa y ordenó al gobierno yucateco pagarle $746.2 millones por la rescisión del contrato para la construcción del Hospital de Ticul, según el último cálculo hecho en 2018.

Aunque esta alternativa está prevista en el contrato de PPS, en la cláusula 23.2, según la cual las controversias pueden resolverse a través del arbitraje, el gobierno yucateco no la aceptó y pidió que el caso se resolviera en los tribunales locales.

En este sentido, el gobierno estatal obtuvo por la vía civil un “Incidente de cuantificación y valoración de la obra”, que calculó el pago de las instalaciones del Hospital de Ticul en $125.051,765.7.

IHP no aceptó esta resolución y amenazó con llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia, tomando como base el fallo de la Cámara de Comercio Internacional.

Conflicto

La empresa IHP mantiene un pleito con el gobierno local por la cancelación de un contrato.

El lío baja de tono

El conflicto, empero, pareció bajar de tono con la llegada del gobierno de López Obrador, que prometió poner en funcionamiento todos los hospitales a medio construir que dejaron sus antecesores, según recuerda Vicente Estrada Camahi, un abogado que conoció de cerca el conflicto jurídico —como parte del equipo de la empresa—, consultado en Ciudad de México.

Las negociaciones

Desde principios de 2019 empezaron las negociaciones entre las partes, con el auspicio del gobierno federal, dice, “y tengo entendido que aún faltan temas cruciales por resolver, no solo en los aspectos financieros y legales, sino también a la capacidad del hospital, que, al parecer, ya no sería de noventa camas, sino solo de treinta”.

Fuente: Diario de Yucatán.

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