sábado, octubre 23

El caso Ravelo, ante la CNDH: solicitan a la Codhey el expediente

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El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, informó que las violaciones a los derechos del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría, presuntamente asesinado por agentes de la Policía, está en investigación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que atrajo el caso en uso de sus facultades jurisdiccionales.

Asimismo, afirmó que la Codhey integraba el expediente, ya había emitido una calificación que arrojaba una violación a los derechos humanos de la víctima a manos de la Policía Municipal de Mérida, estaba en el proceso de solicitud de informes a las autoridades involucradas cuando la CNDH solicitó la remisión del expediente de este caso.

De esta forma, el gobierno federal se hizo cargo de la investigación de la tortura que le causó la muerte a José Eduardo, pues el 17 de agosto pasado la Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una carpeta de investigación por tortura en el asesinato del veracruzano.

Éste fue detenido por policías de Mérida y, según la denuncia que interpuso en vida la víctima, las mortales lesiones se las ocasionaron policías con uniforme y camioneta distintos a los oficiales municipales.

La FGR presuntamente ya terminó su investigación, pero no ha dado a conocer los resultados ni ha ejercido acción penal contra nadie.

Inicio de los hechos
José Eduardo fue detenido el 21 de julio pasado por tirar una pedrada a un taxista de la ruta Tekax-Mérida cuando deambulaba en estado inconveniente por el parque de San Juan. El joven cumplió su arresto de 24 horas en la cárcel municipal.

En un vídeo filtrado se aprecia que lo sometieron a la fuerza y lo arrastraron hasta la celda, tenía lesiones leves en la piel, pero salió por su propio pie.

Días después presentó una denuncia en la Fiscalía estatal donde relató que sufrió abuso sexual, tortura y lesiones que lo llevaron al hospital O’Horán, donde falleció el 3 de agosto pasado.

Se detuvo a cuatro policías municipales, pero el juez de Control los liberó porque la descripción de sus agresores no coincide con quienes describió en su denuncia. La resolución del juez está en apelación.

Entrevistado sobre este caso, el ombusdman manifestó que la Codhey emitió un acuerdo de calificación y determinó presuntas violaciones a los derechos humanos contra José Eduardo. Realizaba ciertas investigaciones y pedía informes a las autoridades que pudieran aportar alguna prueba, pero en ese momento la CNDH ejerció la facultad de atracción del caso y solicitó el expediente, el cual se le remitió.

Hasta donde tiene conocimiento, porque da seguimiento al caso y coadyuva con la CNDH en la investigación, no se ha emitido ninguna recomendación a alguna autoridad responsable.

“Estamos en contacto con la CNDH para coadyuvar en lo posible con la integración del expediente, aún está en proceso de integración, no se ha resuelto y será esta instancia nacional la que determine lo conducente”, señaló.

¿En todo el procedimiento que hizo la Codhey detectó alguna violación de derechos humanos de José Eduardo?, preguntó el reportero del Diario.
“Cuando recibimos una queja hacemos ciertas investigaciones y hacemos un acuerdo previo de calificación, donde determinamos cuáles son las presuntas violaciones que se pudieran haber cometido”, dijo. “Hicimos ese acuerdo y sí determinamos la probable violación de los derechos humanos de ese joven”.

“Continuamos con las investigaciones, íbamos a entrevistar a servidores públicos y pedir informes para compilar pruebas, estábamos en ese proceso cuando la CNDH solicitó la atracción del caso y le entregamos el expediente”.

¿A qué autoridades calificaron?
“Calificamos contra la Policía Municipal de Mérida, el hospital O’Horán, la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas. Lo que teníamos al momento en que remitimos el expediente a la CNDH es el dicho de la mamá de José Eduardo, quien refirió que el trato en el hospital O’Horán no fue el más adecuado y de cierto modo hubo algún tema de discriminación, así se determinó en nuestro acuerdo”.

¿Se investigó a la Policía Estatal?
“No, solo a la municipal”, reveló. “Teníamos un avance cuando entregamos el caso a la CNDH, ya estaba la calificación, solicitud de informes a las autoridades y habíamos empezado a hacer las entrevistas y sí respondían las personas citadas”.

Se le preguntó a qué autoridades les solicitó un informe sobre el caso de José Eduardo y mencionó a la Fiscalía estatal, Poder Judicial, al O’Horán, comisión ejecutiva de atención a víctimas, beneficencia pública, servidores públicos y testigos que pudieran haber visto, oído o presenciado alguna situación en la que se vio involucrado José Eduardo.

Caso del pequeño Zac
También se le preguntó sobre la presunta sustracción del niño Zac por parte de presuntos policías armados de la FGR en un domicilio de la privada Real Montecristo, de lo cual publicamos el 22 de septiembre pasado.

El maestro en Derecho Sabido Santana informó que cuando vio la nota de ese caso, al día siguiente le pidió al oficial de quejas de la Codhey que se pusiera en contacto con la familia del niño para brindar el apoyo, asesoría o acompañamiento y en este procedimiento están.

Según explicó, la Codhey interviene cuando los actores de la violación de derechos humanos son algún servidor público estatal o municipal. Cuando se trata de particulares, vecinos y familiares, hay otras instancias porque aparentemente se incurre en algún delito.

“Dada la situación y gravedad de este caso del niño, estamos tratando de hacer este acercamiento con la familia para darles asesoría y acompañamiento, hay varias instancias que pueden apoyar, nosotros nos sumamos en la posibilidad de ayudar a la familia”, reiteró.

Se le preguntó su opinión sobre lo que se vio en el vídeo de la sustracción del niño Zac donde entran personas armadas al fraccionamiento privado, y dijo: “Nadie puede entrar en un domicilio bajo ninguna circunstancia, sea con violencia o sin violencia, si no hay autorización y menos si es gente armada, eso es más recriminable”.

Fuente: Diario de Yucatán

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