viernes, agosto 14

El COVID-19 o la deportación: el dilema que enfrentan los migrantes que alimentan a EU

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A medida que los casos del nuevo coronavirus brotan en granjas y fábricas de alimentos de Estados Unidos, los inmigrantes extranjeros que recolectan fruta, limpian mariscos y clasifican vegetales quedan atrapados en casas de literas apretadas donde la enfermedad se propaga como un incendio. A menudo, no pueden irse, a menos que estén dispuestos a arriesgarse a ser deportados.

En Oxnard, una pequeña ciudad a las afueras de Los Ángeles, un brote de COVID-19 arrasó con una instalación donde dormían hasta siete trabajadores agrícolas por habitación.

A principios de julio, 198 de sus 215 residentes dieron positivo. En Santa María, California, al menos 85 personas se infectaron en instalaciones de alojamiento grupal en unas pocas semanas. Y en Coldwater, Michigan, cerca de 70 trabajadores contrajeron el patógeno en una granja.

En Crowley, Louisiana, Reyna Álvarez también se enfermó. Madre de tres hijos de una aldea en el noroeste de México, estaba trabajando en una planta procesadora de cangrejos cuando el virus SARS-CoV-2 se extendió por dos dormitorios que albergaban a unas cien personas. Ella se fue para recibir tratamiento en un hospital cercano. Cuando se recuperó y estaba lista para regresar al trabajo, descubrió que había sido despedida y reportada a las autoridades de inmigración.

“Todos nos enfermamos, cien trabajadores, y no hicieron nada por nosotros”, platicó Álvarez desde su casa en las afueras de Los Mochis, Sinaloa. Todo comenzó con un empleado que, a pesar de estar enfermo, fue dejado en la misma vivienda que los demás. La infección se propagó rápidamente.

“Dijeron que nadie podía entrar o salir”, excepto por el trabajo. “Éramos como muertos vivientes, como zombis en la planta”, recordó.

Muchos de los migrantes que se enferman son parte del programa de trabajadores invitados del Gobierno de EU que otorga visas temporales.

Los trabajadores invitados documentados han cumplido todos los requisitos que EU exigen para ingresar. Sin embargo, gran parte de sus vidas están en las sombras: tienen poca influencia para presionar por medidas de seguridad, ya que su estatus legal de inmigración depende de su empleador; no pueden simplemente renunciar y tomar un nuevo trabajo con condiciones menos peligrosas; a menudo llegan al país endeudados con los corredores de empleo y luego trabajan aislados en comunidades rurales donde no conocen a nadie y no hablan inglés.

Las visas agrícolas, conocidas como H-2A, requieren a los empleadores que proporcionen viviendas. Incluso en tiempos normales, eso no es una gran ventaja: las condiciones a menudo son estrechas y las instalaciones son escasas. Ahora, esas viviendas se están convirtiendo en ‘placas de Petri’ para el nuevo coronavirus.

No se trata solo de trabajadores agrícolas. Los empleados con visas H-2B, emitidos para trabajos temporales no agrícolas, también están en riesgo. Aunque el Departamento de Trabajo no requiere vivienda para estos contratos, los empleadores o contratistas laborales a menudo brindan alojamiento, a veces deduciendo el alquiler del pago de los trabajadores.

Estas son algunas de las poblaciones más vulnerables en EU al nuevo coronavirus, a pesar de que sin su trabajo los estadounidenses se quedarían sin alimentos. Eso se ha vuelto cada vez más cierto durante la última década, ya que una mayor parte de la labor a menudo crítica para la producción de alimentos se ha trasladado a estos trabajadores.

En 2019, Estados Unidos emitió 205 mil visas H-2A para trabajadores agrícolas estacionales, en comparación con las 60 mil de una década antes. Hubo 98 mil visas H-2B para trabajadores estacionales en procesamiento de alimentos y otras ocupaciones, en comparación con las 45 mil de 2009.

Aunque el presidente Donald Trump detuvo la mayoría de las nuevas visas de trabajo emitidas durante la pandemia, eximió a los extranjeros que trabajan en la cadena de suministro de alimentos. Las cifras del cruce fronterizo de la Aduana y la Patrulla Fronteriza de EU revelan que más trabajadores con visas H-2A han ingresado al país este año hasta el 30 de junio que en el mismo período en 2019.

Las economías de origen de estos trabajadores, lugares como México, Guatemala y Colombia, dependen de los flujos de remesas de dinero enviados a familiares. En mayo, el dinero enviado a casa por los mexicanos en el extranjero aumentó casi 3 por ciento respecto al año anterior, sorprendiendo a los economistas que esperaban una disminución. A medida que se propaga la enfermedad, esas remesas podrían verse amenazadas.

Los brotes entre los trabajadores agrícolas y de alimentos pueden propagarse más ampliamente en las comunidades rurales a medida que los empleados salen a comprar alimentos y lavar la ropa, o incluso entran en contacto con compañeros de trabajo que son residentes permanentes.

Entre los infectados en el brote de Santa María había un ciudadano estadounidense de 51 años que trabajaba como capataz de la tripulación y conductor de autobús para Alco Harvesting y quien terminó muriendo de COVID-19.

Reyna Álvarez relató que tuvo náuseas y que incluso le dolían los ojos, aunado a la dificultad para respirar. Los admistradores le dijeron a ella y a otros compañeros de trabajo el 15 de mayo que iban a ser trasladados a cabañas remotas para ser puestos en cuarentena, pero ella y una amiga, Maribel Hernández, fueron a buscar tratamiento médico a un hospital cercano.

“No confiaba en ellos en absoluto porque no hicieron nada hasta entonces para ayudarnos”, criticó.

Cuando llamó a su trabajo después de recuperarse para decir que estaba lista para reincorporarse, un supervisor le dijo que ya había sido despedida y reportada a las autoridades de inmigración. Hernández dijo que también fue despedida y su visa perdió el estatus que tenía, por lo que se vio obligada a regresar a su pequeño pueblo en las afueras de Tampico, Tamaulipas.

“Solo quería que me dieran tratamiento y luego volver a trabajar”, dijo Hernández, y agregó que no podía “creerlo” cuando supo que había perdido su trabajo.

“Es tan injusto. Estábamos muy enfermas”, afirmó.

Ambas mujeres presentaron denuncias contra su antiguo empleador, Acadia Processors. En la queja, Hernández explica que le pidió a un supervisor que la dejaran ir a un hospital, pero que se le informó que no podía abandonar la vivienda proporcionada. Ella y Álvarez fueron al hospital de todos modos ese mismo día.

Contactado por teléfono, un representante de Acadia Processors se negó a comentar o dar su nombre, diciendo que el incidente ahora era un asunto legal debido a las quejas federales. Señaló una declaración que el dueño de la compañía, Scott Broussard, le dio al anunciante diario de Lafayette. Broussard es citado en el periódico diciendo que las dos mujeres “huyeron de la escena”, mientras que otras trabajadoras están “muy agradecidas por lo que hemos hecho por ellas”.

Courtney Catalano, una portavoz de Reiter Affiliated Companies, que opera Las Brisas Villas, el dormitorio en Oxnard, California, aseguró en un comunicado enviado por correo electrónico que el brote del virus estalló en las instalaciones a pesar de los “numerosos pasos” para evitar su propagación, incluida una mayor limpieza.

Julia Shreve, una portavoz de Maroa Farms en Coldwater, Michigan, enfatizó que la compañía también tomó medidas de seguridad contra el patógeno, incluidos controles diarios de temperatura para los trabajadores y la repartición de cubrebocas.

Jeremy MacKenzie, gerente general de Alco Harvesting, que dirige el grupo de viviendas en Santa Maria, California, subrayó que la compañía “sigue estrictamente las leyes y directrices estatales y federales de seguridad de los trabajadores” y tomó medidas como proporcionar máscaras y guantes e instalar estaciones para el lavado de manos.

Fuente: El Financiero

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