domingo, mayo 16

Empresa Kekén llegó a Kinchil con irregularidades: Carlos Yamá

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Cuando llegó a Kinchil en 2010, Kekén adquirió un terreno de 3 mil hectáreas ocupado por campesinos. Carlos Yamá, uno de ellos, llevó una demanda ante el Tribunal Agrario en 2013 alegando la apropiación irregular del terreno, misma que actualmente se encuentra en curso, reveló el querellante, en entrevista exclusiva con La Jornada Maya.

Con número de expediente TUA 165-2013, el caso estuvo detenido por un tiempo para reactivarse en los últimos años, aunque sin llegar aún a una resolución, indicó el hombre de campo.

El polígono, ubicado en el kilómetro 73.5 de la carretera Kinchil-Celestún, posee una solicitud para la creación de un centro de población ejidal fechada en 1972, la cual fue realizada por familiares del campesino que ya habitaban la zona, señaló Carlos Yamá. La misma fue consultada por este medio en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1 de agosto de ese año.

Según describió Carlos Yamá, el terreno de 3 mil hectáreas fue cohabitado por la familia Ruiz Ayuso y la suya desde hace años, siendo en 2010 cuando la otra parte del territorio fue vendida a Kekén.

Explicó que los empresarios Bernardo Rejón Osorio y Nelda Domínguez Escalante se presentaron en el lugar ese año para explicarle que el terreno comprado también comprendía la parte donde su familia había residido desde 1972, al cual habían nombrado rancho Kantukún. Al negarse a abandonar el sitio, los compradores le ofrecieron 300 mil pesos por su fracción, oferta que él rechazó y que dio pie a la disputa del registro.

En un comunicado en poder de La Jornada Maya, Kekén informó que “en el año 2010 adquirió legalmente 13 predios” y afirmó que “todas las construcciones que ha realizado en dichos predios cuentan con la totalidad de permisos que exigen los tres niveles de gobierno”.

Confirmó la existencia de la demanda impuesta por Carlos Yamá contra la familia Ruiz Ayuso y Grupo Porcícola Mexicano, entre otros, misma que se encuentra “pendiente de desahogar por diversos temas procesales ajenos a la empresa”.

El lugareño señaló que desde el origen del conflicto acudió ante el Registro Agrario Nacional para solicitar los documentos que comprobaban la existencia del centro de población en el lugar, sin obtener respuesta de la dependencia. Por ello alegó volverse “víctima del Registro Agrario Nacional y de la reforma agraria”, aludiendo trabas a sus solicitudes, de las que resultó la posterior adjudicación de 13 títulos de propiedad a favor de los empresarios.

“Kekén no ha estado asentado legalmente en Kinchil. Llegó con irregularidades, con ilegalidades; sus estudios de impacto ambiental están mal, lo hicieron sólo para cubrir requisitos, nunca se interesaron en si se iba a contaminar el agua”, destacó.

Al iniciarse las obras de construcción en el lugar, Carlos Yamá mandó una queja a la Profepa para que se clausuraran las actividades; la misma fue aprobada con el folio PFPA/YUC/054-2010. Sin embargo, según describió, en 2012 los dueños regresaron con trámites aprobados y siguieron la construcción de la instalación.

En ese mismo año, Carlos Yamá acusó que policías ministeriales, adscritos a la Fiscalía de Hunucmá, acudieron a su rancho e intentaron sacar a sus habitantes. Según comentó, les amenazaron con llevarlos presos por “rateros”, aunque el intento fue infructuoso. Incluso, comentó que un campesino disparó un arma de fuego para defenderse. El caso se llevó a la Fiscalía General del Estado y los elementos fueron sancionados con 36 horas de arresto por “faltas administrativas en el desempeño de su labor”.

Dicho oficio con número FGE-VG/80/2014 fue emitido a raíz de una investigación interna iniciada por violación a los derechos humanos, con el número de expediente Q-048/2013.

Tal incidente fue grabado parcialmente y difundido a través de la cuenta de Facebook de Maty Dzul. Con baja calidad y sin audio, se puede ver a personas cortando una cadena, presumiblemente del rancho, e ingresando al terreno.

Respecto a la contaminación existente en el terreno, el campesino describió que fue a los dos años de cohabitar cuando tanto él como otros ganaderos notaron el pantano que se había formado.

Al enterarse de la situación, dijo que el presidente municipal pidió a la granja sus estudios de impacto ambiental, pero la empresa se negó a entregarlos debido a que legalmente se encuentra en la jurisdicción del municipio de Maxcanú.

fuente: La Jornada Maya

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