sábado, octubre 23

Iniciativa de ley para acabar con la corrupción

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El Congreso del estad de Campeche dio entrada a una iniciativa para armonizar el Código Penal del Estado de Campeche con el modelo nacional, para posibilitar el combate a la corrupción de manera más enérgica.

La iniciativa presentada por el diputado de Morena José Jiménez Gutiérrez, se da después de la exhibición por parte de la gobernadora Layda Sansores de la grotesca corrupción que dejó el gobierno priísta de Alejandro Moreno y Carlos Aysa.

Durante la cuarta sesión de su actual periodo ordinario, la Sexagésima Cuarta Legislatura estatal se recibió la iniciativa que contempla reformar varias fracciones y párrafos de la normativa, recorriéndose los subsecuentes, todos del Código Penal del Estado de Campeche.

Se subraya en la exposición de motivos que esta propuesta “no sólo tiende a ampliar el catálogo de supuestos por los cuales ciertas conductas sean de ahora en adelante sancionable por afectar el correcto ejercicio del servicio público, sino también tiene la finalidad de fortalecer instituciones como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien además tendrá la obligación de perseguir y buscar el resarcimiento del daño o en su caso, la sanción para que estas conductas”.

La propuesta de modificaciones y adiciones al Código Penal del Estado de Campeche, “debidamente armonizado con el modelo nacional, posibilita el combate a la corrupción de manera más enérgica, el robustecimiento del esquema normativo estatal en contra de estas conductas y su confrontación de manera más eficiente, con el fin de que permitan a las autoridades contar con instrumentos jurídicos que faciliten a las autoridades de los órdenes de gobierno local cumplir con los objetivos planteados en la Carta Magna, con bases claras y precisas para combatir los actos de corrupción y con ello, consolidar y perfeccionar el orden democrático y alcanzar una mayor justicia social”.

Se agrega que se crea el capítulo denominado “Simulación de Reintegro de Recursos”, que castiga al servidor o ex servidor público que ordene o autorice el reintegro de recursos a las cuentas bancarias del ente público, con la finalidad de resarcir el patrimonio o solventar las observaciones determinadas por la autoridad fiscalizadora y
posteriormente, los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban destinados, para que dichas conductas que tanto han lastimado a nuestro Estado a lo largo de los últimos doce años no se vuelvan a repetir.

La iniciativa “no sólo tiende a ampliar el catálogo de supuestos por los cuales ciertas conductas sean de ahora en adelante sancionable por afectar el correcto ejercicio del servicio público, sino también tiene la finalidad de fortalecer instituciones como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien además tendrá la obligación de perseguir y buscar el resarcimiento del daño o en su caso, la sanción para que estas conductas que durante años se normalizaron”.

Fuente: Campeche Hoy

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