miércoles, septiembre 18

Juez niega amparo contra decretos de presunta privatización de aguas nacionales

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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” dio a conocer hoy que el juez federal Mario Fernando Gallegos León le negó el recurso de amparo que solicitó en contra de los decretos de la supuesta privatización de aguas nacionales que firmó el presidente Enrique Peña Nieto.

Los activistas indicaron que luego de interponer el amparo, el pasado miércoles 18, hubo “una tardanza inhabitual” para publicar el estado del trámite en estrados y en el sistema público de información del Consejo de la Judicatura Federal.

Esto fue una señal que les hizo sospechar que había algo raro y dedujeron que, dada la naturaleza del juicio contra el decreto, el juez federal estaba consultando a sus superiores y rastreando otros amparos para que su resolución fuera en el mismo sentido: no sentar tesis contrarias y en lo posible desecharlas.

Incluso analizaron que estarían rastreando el perfil y posicionamiento de quienes han interpuesto amparos en contra de esos decretos que aparentemente abren las puertas para entregar las aguas nacionales a empresas extranjeras y nacionales privadas.

El pasado miércoles 25, el representante del área jurídica del Centro de Derechos Humanos acudió directamente a los juzgados federales para obtener información sobre el estado de la demanda de amparo que fue presentada, “encontrando que apenas se estaba digitalizando públicamente la resolución, aunque estaba fechada desde aparentemente el 19 de julio, siendo registrado con el número 914/2018-VI-B y recayendo en el juez cuarto Mario Fernando Gallegos León”.

Según esto, el juez federal resolvió con argumentos que los activistas consideraron preocupantes para desechar de plano la demanda de amparo, supuestamente alegando que el quejoso no acreditó el interés legítimo para interponer el recurso y que solamente tenía un interés simple y jurídicamente irrelevante como el que puede tener cualquier persona.

Y que el promovente, según su interpretación, no es afectado en su esfera jurídica, además de que, abundó el juez, manifestó una mera inclinación de ánimo que no tiene ningún efecto jurídico.

“Es decir que, en criterio del juez federal Mario Fernando Gallegos León, la defensa de los derechos humanos y constitucionales, como lo establece el artículo 1 de la Constitución, del acceso al derecho humano al agua y a un medio ambiente sano (derechos colectivos y difusos) no ameritan una situación relevante jurídicamente y un interés legítimo por parte de quienes promovimos el amparo”, destacó en su denuncia el CDH “Digna Ochoa”.

Esa medida, subrayó, “nos parece sumamente grave y nos manifiesta una tendencia en los jueces federales para evitar sentar precedentes y criterios claros para que mediante el recurso de amparo sea posible la defensa de derechos humanos. Omitimos dar más detalles de sus argumentaciones y de nuestros alegatos porque interpondremos el recurso de queja, que es que el procede ante resoluciones que desechan la demanda de amparo según lo establece el artículo 97 fracción I de la Ley de Amparo”.

De igual manera, expuso que en las últimas semanas se ha confirmado la intención del presidente Enrique Peña Nieto “de entregar al capital privado las aguas nacionales antes de que concluya el sexenio”, ello por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la que según denuncias de organismos ciudadanos y ambientalistas ha otorgado de forma acelerada 500 nuevas concesiones, incluso en zonas donde se levantaron las vedas con los 10 decretos sobre reservas de agua que abarcan 55% de lagos y ríos del país.

“Es lamentable que los jueces federales siguen siendo tema en estos días, justificándose cada vez menos los enormes salarios y prestaciones que reciben, lo que no los exenta de resolver en beneficio del poder y de los intereses económicos de este país, disfrazados de aparente y estricto cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales”, recalcó el CDH.

Advirtió que acudirán a los mecanismos y relatoría especial del derecho humano al agua de la ONU, en el marco del Examen Periódico Universal que revisará el cumplimiento del Estado mexicano en octubre próximo.

Fuente: Proceso

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