martes, octubre 19

Justicia le pisa los talones al “cártel” de Gustavo Miranda

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Hasta ahora son dos propiedades las que han sido aseguradas en la ciudad de Cancún, propiedad de Erika Luz García Deister, madre de Gustavo Miranda.

Las autoridades de justicia de Quintana Roo tienen en la mira al diputado Gustavo Miranda García, junto con familiares y amigos como parte de las indagatorias en dos carpetas de investigación relacionadas con el sonado caso del “cartel del despojo”.

Hasta ahora son dos propiedades las que han sido aseguradas en la ciudad de Cancún, propiedad de Erika Luz García Deister, madre del legislador y que a través de dudosos juicios laborales habían pasado a manos de otras personas, entre ellas socios y amigos del ex presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso.

El caso más reciente corresponde al piso 19 de la torre Maioris, ubicado sobre la avenida Bonampak, en la zona hotelera de Cancún.

La propiedad identificada con el folio 263773 fue asegurada por orden de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, bajo el oficio número 167/2021 firmada por César Ricardo Cirerol Baquedano, fiscal del Ministerio Público adscrito a esa fiscalía especial.

Según los datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, el aseguramiento quedó debidamente asentado el 20 de abril de 2021, dentro de la carpeta de investigación FECC/CAN/162/2021.

De acuerdo con los datos obtenidos, en la lista de personas de interés para la autoridad judicial están la empresaria Erika Luz García Deister y su hijo el diputado Gustavo Miranda García.

De igual manera, se encuentra Luis Pablo Bustamante Beltrán, el actual presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, además de otras personas.

El bloqueo de folio, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se dio solo dos meses después de que la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel ordenara la anotación marginal de la audiencia de remate de fecha 17 de diciembre 2020.

En aquella audiencia, se hizo una adjudicación derivada del juicio laboral 152/2015, a favor de Marcela Bañuelos Cobos, Carlos Ismael Adrián Albornoz, Luis Pablo Bustamante Beltrán y José Luis Gómez Sosa, por la cantidad de 12 millones 274 mil 964.14 pesos. Todos ellos demandaron en su oportunidad a la empresaria por despido injustificado.

El otro inmueble que fue asegurado, en su momento, se encuentra en la Torre C del condominio La Vista, en el fraccionamiento El Table, de 191.5 metros cuadrados.

El aseguramiento quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con fecha de 27 de noviembre de 2020.

La orden fue emitida dentro del expediente FGE/QROO/BJ/11414/2020 y solicitada por María Isabel Medina Pérez, fiscal del Ministerio Público de Fuero Común el 25 de noviembre del año pasado.

En este caso, uno de los supuestos nuevos dueños, Xavier Miró Soriano, consiguió una suspensión provisional del Juzgado Tercero de Distrito, dentro del juicio de amparo 213/2021.

Sin embargo, hasta ahora ese procedimiento de juicio no ha sido resuelto debido a diversas quejas y recursos de revisión, uno de ellos está siendo atendido por el Primer Tribunal Colegiado.

Antecedentes del caso
Según una denuncia presentada, en su oportunidad por el Banco Sabadell, Erika Luz García Deister solicitó un crédito por 833 mil dólares a un banco, cuya cartera fue adquirida por Sabadell, teniendo como garantía un departamento de lujo en la torre Maioris, al interior del residencial Puerto Cancún.

Sin embargo, al momento que el banco intentó recuperar el monto actual del préstamo, por 15 millones de pesos, a través de un juicio hipotecario especial en la Ciudad de México, salió a luz que el departamento ya no pertenecía a la empresaria.

El inmueble lo había perdido en un juicio laboral interpuesto por cuatro ex trabajadores vendedores de tiempos compartidos, entre ellos Luis Pablo Bustamante Beltrán, cuya amistad con Gustavo Miranda García es públicamente conocida.

Incluso, la información que además ya tienen las autoridades de justicia es que ambos eran estudiantes regulares de una universidad en Cancún, al mismo tiempo que uno de ellos afirmó que trabajaba en Cozumel, como vendedor de tiempos compartidos.

Fuente: Novedades Quintana Roo

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