viernes, mayo 24

La estafa maestra o los maestros de la estafa

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Por MARÍA AMPARO CASAR

Los memes lo dicen todo. “Multa por volar un dron sin licencia: 400 mil pesos; multa por robar 65 mil millones de pesos: menos del costo de dos iPhone X”.  “Robo a mano armada = 10 años de cárcel; desfalco al erario por desvío comprobado de 1,650 millones = 9 años”. “El #JaviDuChallenge: ¿aceptarías 45 mil millones por pasar 9 años de cárcel?”.

Pero los memes, aunque pintan la realidad, lo único que producen es burla y, en el mejor de los casos, reflejan enojo e indignación. Lo que verdaderamente es de chacota es el sistema de justicia. Uno en el que “para los amigos del poder un trato jurídico excepcional y privilegiado sin importar la gravedad de sus conductas y para todos los demás, pero sobre todo para los más desventajados, la indolencia, el abuso y la arbitrariedad” (Ana Laura Magaloni, Reforma 29/09/18).

Entiendo que los laberintos judiciales admiten muchas salidas que pasan como legales, pero estamos frente a una verdadera burla de la justicia, frente al caso más emblemático de que la dizque justicia es para quienes puedan pagarla y frente a una voluntad irrefrenable de seguir incentivando la corrupción.  Al asaltante en casa habitación o al que comete el delito de robo a transeúnte no hay quien le ofrezca un juicio abreviado y la consecuente reducción de la pena, a cambio de que admita su culpabilidad. A Duarte, por el desfalco comprobado de 1,650 millones (aunque la ASF habla de un desvío de 61 mil millones), el juez le dio una pena reducida de 9 años, le pidió que no volviera a incurrir en un delito y ordenó que durante el tiempo que permanezca en prisión le sean suspendidos sus derechos políticos y civiles. Ni siquiera se exigió, gracias a que no lo prevé la ley, la reparación del daño.

Supongo que la idea de que en el nuevo Sistema de Justicia Penal el Ministerio Público pueda solicitar un procedimiento abreviado, con el fin de evitar juicios prolongados que son muy prolongados y muy caros, se instituyó para el delincuente común, pero si algo no caracteriza a Javier Duarte es su carácter de delincuente común: 60 propiedades, transa a ejidatarios, evasión de impuestos, empresas fantasma y todo con dinero público.

La máxima juarista que lo único que denota es impunidad, sigue entre nosotros: “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la Ley a secas”, que lo único que denota es que la impunidad sigue entre nosotros. ¡Vaya que a Duarte se le otorgó gracia!, en donde la palabra gracia es el don o favor que se hace sin merecimiento particular y concesión gratuita, es el perdón o indulto de pena que concede el poder competente.

A Duarte se le juzgó en ese “procedimiento abreviado” y sólo por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero que alcanzarían una pena máxima de entre 10 y 25 años. Según lo que se deriva de varias de las investigaciones periodísticas, hay muchos más delitos cometidos por el exgobernador y sus sanciones mínimas y máximas alcanzarían los siguientes años de prisión:

Ejercicio ilícito de servicio público: 2 a 7 años. Abuso de autoridad: 2 a 9 años. Desaparición forzada de personas: 5 a 40 años. Coalición de servidores públicos: 2 a 7 años. Uso ilícito de atribuciones y facultades: 6 a 12 años. Intimidación: 2 a 9 años. Ejercicio abusivo de funciones: de 2 a 12 años. Tráfico de Influencia: 2 a 6 años. Cohecho: 2 a 14 años. Peculado: 2 a 14 años. Enriquecimiento ilícito: 2 a 14 años.

Delitos cometidos contra la administración de justicia: 4 a 10 años. O sea, según el Código Penal, las sanciones —dado que son acumulativas— podrían haber alcanzado, en el mejor de los casos para el presunto delincuente, 33 años, y en el peor, 154. Agréguese que el propio Código, en los que respecta a Delitos por hechos de corrupción, establece que cuando ciertos de ellos sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio o hasta en una mitad.

Francamente, más que frente a la #EstafaMaestra estamos frente a los Maestros de la Estafa, que en este país incluye a algunos funcionarios de la PGR y a muchos otros del Poder Judicial.

Sería de un optimismo rayando en la ingenuidad pensar que este gobierno se embarcará en continuar con otros de los muchos juicios abiertos y las órdenes de aprehensión ya concedidas, pero no ejecutadas o con nuevas investigaciones, ya sea en el ámbito federal o local. Pero el gobierno de AMLO sí podría hacerlo a partir del 1 de diciembre, pues esos delitos no habrán prescrito. De Robles dijo que era un chivo expiatorio. De Duarte comentó con razón que todo había sido una farsa desde el principio y tiene razón. Cuando el nuevo Presidente entre en funciones y ateniéndonos a su afirmación de que en este país ha faltado voluntad política, tendrá una oportunidad de oro para demostrar que eso es lo que ha faltado en México.

Fuente: Excelsior

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