martes, octubre 20

La PGJ busca a dos exsecretarios; por uso ilegal de atribuciones

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Cumplimentarán órdenes de aprehensión contra Edgar Tungüí y Felipe de Jesús Gutiérrez

La Procuraduría General de Justicia cumplimentará en las próximas horas dos órdenes de aprehensión contra Edgar Tungüí Rodríguez, extitular de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México y exsecretario de Obras, y contra Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Ambos exfuncionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera están imputados por el delito de uso ilegal de atribuciones por el otorgamiento de permisos, de acuerdo con la carpeta de investigación, a la que
Excélsior tuvo acceso.

Los mandamientos judiciales fueron otorgados a la dependencia que encabeza Ernestina Godoy y deben ser ejecutados por la Policía de Investigación, no obstante, fuentes consultadas señalaron que algunos investigadores que han rastreado algunos domicilios donde podría encontrarse Tungüí Rodríguez no han tenido buenos resultados.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, hay seis investigaciones abiertas contra Tungüí de la época en la que fungía como comisionado para la Reconstrucción. Una de ellas es por los sobreprecios que se pagaron para la demolición de inmuebles dañados por el sismo.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló desde marzo pasado que en la administración pasada hubo sobreprecios de “hasta del 363 por ciento” en la demolición de casas y edificios. “La administración pasada pagó dos mil pesos por demolición de cada metro cuadrado y esta administración ha conseguido pagar sólo 550 pesos por el mismo tramo”.

A Tungüí también se le investiga por haber contratado a empresas, directores responsables de obra y corresponsables de obra que no estaban avalados por el Colegio de Ingenieros Estructuristas.

Un tercer tema por el que se le investiga es por el otorgamiento de contratos a la empresa Cal y Mayor y Asociados S.C., donde laboraba su hermano, Carlos Tungüí Rodríguez.

Días previos a que se cumpliera el primer aniversario del sismo del 19-S, Edgar Tungüí fue acusado de ofrecer contratos para la reconstrucción a su familiar.

Uno de ellos fue por los servicios de “gerencia de proyectos” y “gestión administrativa” con la empresa Cal y Mayor y Asociados S.C., donde laboraba su familiar desde abril de 2017 como “Especialista Jr”. Fueron 70 millones de pesos autorizados a esta firma.

Mientras que los recursos asignados para “servicios de atención a daños menores” sólo sumaron 20 millones de pesos y los de demolición de inmuebles, 17.1 millones de pesos.

En ese momento, la Secretraría de Obras señaló, a través de una nota informativa, que no había conflicto de interés, ya que Tungüí Rodríguez ya no ocupaba la titularidad de la secretaría cuando se firmaron esos contratos, pues ya era el titular de la Comisión para la Reconstrucción.

Sin embargo, los contratos: SOBSE/DGA/DRMYSG/1073-17, por 10 millones de pesos, y SOBSE/DGA/DRMYSG/028-18, por 15 millones de pesos, ambos con Cal y Mayor y Asociados S.C., sí fueron firmados por Tungüí Rodríguez al frente de la Sobse.

Además, quien quedó al frente de esa Secretaría fue un exempleado de Tungüí: Gerardo Báez Pineda, quien se desempeñaba como director general de Construcción de Obras para el Transporte en la misma dependencia.

El 25 de octubre de 2018, en una comparecencia ante diputados Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, quien todavía era titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, negó que durante su gestión se haya generado algún acto de corrupción, pues todo había sido apegado a la normatividad.

Tras su comparecencia con diputados del Congreso local, afirmó que hablar de un “cártel inmobiliario” era un término que no tenía una clara identificación y, por lo tanto, no existe, y está más en la discusión de los medios que en la realidad.

Con información de Georgina Olson

Los datos

El 16 de febrero de 2018 renunció Ricardo Becerra a la Comisión para la Reconstrucción y los subcomisionados Mauricio Merino y Katia D’Artigues, quienes se dijeron inconformes por el manejo de poco más de ocho mil millones de pesos.
El 6 de marzo del año pasado, el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, nombró a Edgar Tungüí Rodríguez, hasta ese momento secretario de Obras, como nuevo comisionado para la Reconstrucción.
La Secretaría de Obras quedó a cargo de Gerardo Báez Pineda, quien se desempeñaba como director general de Construcción de Obras para el Transporte en la misma dependencia.
El manejo de los más de ocho mil millones de pesos estaba a cargo de tres diputados locales: Leonel Luna y Mauricio Toledo, del PRD, y Jorge Romero, del PAN.
La presión social obligó a Mancera a enviar a la Asamblea Legislativa modificaciones a la Ley para la Reconstrucción. La Secretaría de Finanzas se quedó con el control de los recursos.

Fuente: Excelsior

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