domingo, octubre 20

Municipios yucatecos denuncian robo de la CFE

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Alcaldes acusan a la “empresa de clase mundial” por cobros indebidos no justificados contra ocho municipios / Detectan irregularidades por un monto superior a los 62 millones de pesos / Tampoco entregó completo los recursos del Derecho de Alumbrado Público.

Alcaldes de ocho municipios yucatecos denunciaron a la Comisión Federal de Electricidad, con documentación y soporte en mano, de “robarle al pueblo, a las empresas y demás contribuyentes del Derecho de Alumbrado Público”, dado que está realizando cobros indebidos no justificados y no ha entregado el total de los recursos que por concepto de DAP los yucatecos le han confiado.

La empresa Sistemas y Servicios de Alumbrado Público, SA de CV (SISER), que fue contratada por estos alcaldes para que realice auditorías sobre el tema, detectó más de 60 millones de pesos en cobros irregulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a ocho municipios de Yucatán por los conceptos de Derecho de Alumbrado Público (DAP) y la facturación del alumbrado público municipal.

El estudio realizado por la empresa SISER arrojó resultados contundentes relacionados con cobros excesivos que realiza la (CFE) en consumos de energía eléctrica, un grave problema que afecta a ocho municipios del Estado y donde los respectivos alcaldes ya han levantado la voz para exigir un alto al robo y exigir tarifas justas.

Los presidentes municipales de Kanasín, Tizimín, Yaxkukul, Ticul, Telchac Pueblo, Abalá, Mocochá y Acanceh, preocupados por la situación que priva sobre los cobros tan altos que mes a mes realiza la CFE por concepto del alumbrado público, contrataron los servicios de una empresa especializada en la materia, localizada en la Ciudad de México, dedicada a la realización de diagnósticos técnicos, administrativos y financieros en alumbrado público.

Dicha empresa, que no se dedica a la venta de luminarias, ha realizado a la fecha más de 480 diagnósticos a municipios a lo largo y ancho del territorio nacional.

Dicho estudio realizado a los municipios yucatecos fue del 22 de febrero al 23 de julio pasado y arrojó irregularidades por un monto superior a los 62 millones de pesos.

De acuerdo a la información de dicha empresa, la diferencia se integra por diferencias en facturación por 28 millones y por otra parte no entregó completo los recursos del Derecho de Alumbrado Público (DAP) que mensualmente le entrega el pueblo y los diversos sectores productivos para el pago de los recibos de alumbrado público por un monto de 34 millones.

Plazo de dos semanas

Los alcaldes solicitaron audiencia desde el mes de junio pasado ante la máxima autoridad de la División Peninsular de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, Humberto Saldaña, quien no quiso recibirlos y los canalizó con Matías Bermúdez Guerra, Gerente Divisional de Suministro Básico, quien inicialmente les advirtió que no regresaría el monto de la diferencias y, una vez que los asesores de la empresa y alcaldes explicaron e hicieron entender a esta persona la veracidad de las cifras, entonces se comprometió a darle solución en un plazo máximo de dos semanas, validando las cifras presentadas por los municipios en cada una de las Superintendencias correspondientes.

Bermúdez instruyó a los superintendentes a que atendieran de inmediato a los alcaldes, comprometiéndose muy formalmente éstos sin haber cumplido a cabalidad, ya que salieron de vacaciones tanto superintendentes como Bermúdez. Por esta razón los ocho alcaldes afectados desean hacer del conocimiento a la opinión pública lo siguiente:

Los alcaldes han buscado ser atendidos cordialmente y tanto Bermúdez como su subordinado, Juan Criollo han ignorado la petición, tal vez apelando a la muy pronta conclusión de las administraciones municipales; pero este asunto será heredado a las siguientes administraciones porque el daño que está causando la CFE es muy serio.

Los titulares exigen como Presidentes Municipales la intervención del Director General de la CFE a fin de que les sean reintegrados a la mayor brevedad posible los importes que la División Peninsular les ha robado y que suman más de 62 millones y exigen también apliquen las sanciones correspondientes a estos servidores públicos, incluyendo al área comercial y de facturación, por la poca seriedad e irresponsabilidad con que han atendido esta situación que únicamente ha lesionado los intereses económicos de la ciudadanía.

Fuente: Por Esto!

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