martes, octubre 27

Pasividad ante feminicidios

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Entre el 2014 y el 2017, en el Estado de Campeche fueron asesinadas 38 mujeres, pero la Fiscalía General únicamente tipificó 21 de los casos como feminicidios / Desde el año pasado existe una solicitud para decretar alerta de género en la Entidad, pero NO se le ha dado respuesta

CAMPECHE.- La coordinadora del Area de Derechos Humanos del Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche (OVSGC), Liliana Lomelí, informó que desde el pasado 10 de febrero del 2017 se presentó ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Gobierno del Estado, que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, una solicitud de alerta de violencia de genero para el Estado de Campeche, pero hasta la fecha, ni dicha comisión ni el Ejecutivo estatal han dado una respuesta para dar solución al problema.

En entrevista para el diario POR ESTO!, Liliana Lomelí explicó que la mencionada alerta es un mecanismo impulsado desde la sociedad civil, que se señala cuando la violencia contra las mujeres no está teniendo una reducción y, por el contrario, se mantiene en un aumento; asimismo esta recomendación se emite cuando no se están generando políticas públicas eficaces y cuando no se están midiendo las acciones desde el Estado para prevenir, atender y erradicar el problema.

Indicó que a través de un grupo de personas expertas se realizó una investigación para realizar la solicitud de alerta y se llevaron a cabo recomendaciones muy puntuales, lo que significa que el Estado ya tendría que estar siendo decretado en alerta de violencia de género, pero hasta la fecha no se ha cumplido.

La coordinadora del OVSGC precisó que uno de los mayores problemas es que no existe una base de datos que permita conocer el impacto del problema, lo que ha llevado a desconocer a partir del 2015 a la fecha cuántos hechos de violencia sexual han existido contra las mujeres y las niñas, así como desconocer cuántas sentencias ha habido al respecto, generando una atmosfera de impunidad.

Mencionó que otra de las recomendaciones que se hicieron fue en cuanto al tema del tipo penal, el cual fue modificado en diciembre del 2017 y que implicó un grave retroceso para el acceso a la justicia de las mujeres y niñas, pues dicha modificación eliminó las hipótesis relativas a las relaciones de parentesco, confianza, subordinación o superioridad, así como los supuestos en los que el cuerpo haya sido “arrojado” o “depositado” en un lugar público.

“Todas estas medidas y todos estos mecanismos que se le han señalado puntualmente al Estado hasta ahorita no obtenemos una respuesta, una respuesta eficaz y por ello se ve un panorama complejo, se ve que la protección de la vida de las mujeres y las niñas en el Estado de Campeche depende de un asunto de voluntad política”, manifestó.

Liliana Lomelí destacó que en lo que va del año se ha registrado un total de 4 tentativas de feminicidio y un sólo feminicidio reconocido por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGEcam).

No obstante, recordó que de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre el 2014 y el 2017, en el Estado de Campeche fueron asesinadas 38 mujeres, de las cuales debido a los procesos de investigación sólo fueron tipificados como feminicidios un total de 21 casos.

Destacó que actualmente la violencia institucional es uno de los tipos de violencia que más ha sido detectado en las instituciones del Estado, superando el ámbito de parejas y las relaciones, lo que ha llevado a las víctimas de violencia a procesos de revictimización y de desamparo y el nulo acceso a la justicia, por lo que realizó un exhorto para atender este tipo de violencia institucional y la laboral en contra de las mujeres, que buscan refugio en las instituciones y no lo encuentran.

“Cuando hablamos de violencia institucional, nos referimos a cuando llega una víctima y no está siendo atendida de forma idónea, con todos los estándares de derechos humanos; a nosotros nos parece muy preocupante un señalamiento que decía el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el que él decía que no tenía que existir la figura y el tipo penal de feminicidio, esto nos señala que existen autoridades que están tomando cargos, sin poder representar los mismos cargos y sin tener la preparación, sin estar formados en derechos humanos y en perspectiva de género, que es un mandato nacional e internacional”, precisó.

Advirtió que la violencia de género contra las mujeres y las niñas en Campeche se irá complejizando en mayor medida, complejizando al contar con autoridades que no están preparadas específicamente en Derechos Humanos y perspectiva de género y al no generarse políticas públicas eficaces, como dar solución a dicha problemática.

En este sentido indicó que Cuidad del Carmen, Escárcega y Candelaria son los municipios con mayores registros en violencia extrema contra las mujeres, violencia sexual, física y feminicida, mientras que Hopelchén y Calakmul o rurales con población indígena, registran un alto índice de violencia institucional…

Apuntó que el rango de edad identificado de la violencia en contra de las mujeres oscila entre la edad joven y adulta, entre los 15 y 40 años; no obstante, comentó que también hay casos registrados de violencia en mujeres adultas mayores de 60 años y en niñas de 8 años de edad, en hechos de violencia sexual y hechos de violencia feminicida.

“Esto es una problemática que debería de estar siendo atendida de manera transversal y desde distintos ejes; principalmente hace falta que las instituciones o, más bien, que el Estado esté generando políticas públicas eficaces”, comentó.

Informó que actualmente el Observatorio Social de Violencia de Género realiza diversos acompañamientos y monitoreo a casos de violencia contra las mujeres, atendiendo en este momento a un total de 20 casos de manera gratuita.

Lamentó que no existan políticas públicas enfocadas a reducir este tipo de prácticas y que en este proceso electoral ningún candidato esté incluyendo dentro de sus agendas este grave tema de la violencia.

“La violencia contra las mujeres tiene distintos niveles de prevención, como la prevención, la atención y la erradicación; en la prevención se deben de estar generando estas políticas públicas de atención con jóvenes y niñas para hablar y erradicar este problema, y en el tema de atención se debe cuidar que no se esté revictimizando a las víctimas, que se generen procesos de rendición de cuentas dentro de las instituciones y sanciones eficaces a las y los servidores públicos que estén actuando de manera violenta contra las víctimas”, manifestó.

Asimismo, mencionó que actualmente en el Estado no existen los mecanismos de protección que permitan llevar a cabo un diagnóstico y medir los impactos.

“Hace falta mucho el papel del Estado, que es el que tiene la administración de los recursos y que tiene la obligación fundamental, que esté profesionalizando a sus servidoras y servidores públicos en perspectiva de género, en derechos humanos, en los más altos estándares de protección a la mujeres y niñas de la población en general”, comentó.

Además, señaló que hace falta una responsabilidad desde la sociedad para prevenir este tipo de violencia, como retomar los sentidos de comunidad, respeto e intervenir cuando se es testigo de un hecho de violencia; el no quedarse callado, ya que al hacerlo te convierte en cómplice, y el volver a generar las redes de colaboración entre la comunidad.

“Es importante nunca callarse un hecho de violencia, aunque no lo estemos pasando de manera directa, aunque lo esté pasando la vecina o demás; hay que acudir a estas instancias que tendrían que estar investigando porque esta problemática responde también a una situación global y una situación de país”, precisó.

Mencionó que recientemente el Observatorio se ha percatado de que muchas de las problemáticas que se viven en el centro y norte del país, como son desapariciones y hechos más extremos de violencia, están llegando a la entidad sur.

“Allá no se reducen, entonces aquí nos está llegando y Campeche también ya está teniendo esas cifras, entonces estos esfuerzos colaborativos entre sociedad, entre sociedad civil organizada y entre el Estado, que fundamentalmente debe de cumplir con sus obligaciones en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, aparte de estas políticas públicas que faltan”, mencionó.

Liliana Lomelí comentó que durante el actual proceso electoral, el OVSGC se ha mantenido atento para vigilar las propuestas de los partidos políticos en cuanto al tema de la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, pero desafortunadamente, hasta el momento ninguna institución política se ha preocupado de incluir un proyecto a su agenda para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra las mujeres.

“Nos parece muy preocupante, al contrario hemos observado que cada vez más, los partidos siguen como perpetuando estás prácticas conservadoras de la violencia, haciendo como acuerdos con grupos conservadores que finalmente están vulnerando derechos de mujeres y niñas; es preocupante que quienes están postulándose a un puesto de decisión como lo es alcaldías, diputaciones, etc., no estén teniendo un eje central o una propuesta de erradicación de la violencia contra de las mujeres y contra las niñas, que ya deberían estar ellos tomando en cuenta, pero en ninguno de estos planes o proyectos se puede observar”.

Por último, la coordinadora del OVSGC recalcó que quien salga beneficiado en los comicios del próximo 1 de julio tiene una obligación muy clara al respecto y una obligación desde el Artículo 1 Constitucional y desde todos los tratados internacionales que ya tienen que estar previniendo; “el problema es que si no lo hacen desde antes, desde que tienen que generar una propuesta, pues, bueno, justamente están dejando un ambiente muy desalentador para las mujeres y las niñas en Campeche”, puntualizó.

Fuente: PorEsto

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