domingo, enero 24

PGR desmantela red mexicana que vendía despensas caras a Venezuela

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El organismo investiga a empresas que presuntamente ofrecieron productos de mala calidad, al 112 por ciento de su precio normal en el mercado venezolano.

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a empresas mexicanas que presuntamente vendieron productos de mala calidad, que después fueron revendidos en Venezuela al 112 por ciento de su precio normal, en perjuicio del pueblo de ese país.

Así lo dio a conocer el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira Salas, quien detalló que la investigación es por el desvío de recursos de un grupo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras.

El 3 de abril de 2016, el gobierno de Venezuela emitió un decreto de Estado por excepción y de emergencia económica, con el que creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), a fin de distribuir entre la población afiliada despensas de alimentos a precios subsidiados.

El funcionario refirió que derivado de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se detectaron operaciones inusuales en la administración de una red de empresas y personas físicas dedicadas a proveer a los ciudadanos de Venezuela de dichas despensas.

De acuerdo con la investigación, este grupo de empresas obtuvieron recursos al desviarlos de sus fines humanitarios y al comercializarlos mientras se aprovechaban de la crisis alimentaria en el país sudamericano.

Esto fue posible mediante la adquisición de productos de baja calidad, que luego eran exportados a Venezuela con precios altos, y, a través de los CLAPS, revenderlos a la población venezolana con un valor 112 veces más alto que en otros países.

La PGR también localizó mil 300 contenedores en tierras mexicanas que contienen 1.8 millones de despensas alimenticias perecederas para Venezuela. A pesar de ser parte de los negocios ahora fallidos de los empresarios investigados, el gobierno decidió no evitar que fueran trasladados al país gobernado por Nicolás Maduro.

El agente del Ministerio Público de la federación celebró un acuerdo reparatorio con diversas personas físicas y morales involucradas en el caso.

Así, los imputados entregarán al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tres millones de dólares, que equivalen a 56 millones pesos, los cuales serán destinados para atender el mandato de este organismo en América Latina y el Caribe.

Asimismo, se comprometen a no efectuar, por sí o por interpósita persona, ningún acto comercial con el gobierno de Venezuela o terceros, que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquel país, con motivo del programa CLAPS de Venezuela.

Fuente: Aristegui Noticias

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