viernes, diciembre 6

Revelan hallazgos en los derechos humanos locales

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Necesidad yucateca

Acceso a la justicia, contaminación de cenotes, despojo territorial a pueblos mayas, violencia de género, tortura, detenciones arbitrarias y discriminación a población LGBT son tan solo algunos de los problemas de Derechos Humanos que se dan en Yucatán, alertó el estudio “Derechos Humanos en contexto: Aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil en Yucatán”.

Entre los hallazgos encontrados en el estudio se evidencia que la discriminación, el desarrollo económico como pilar gubernamental y el discurso de que Yucatán es un estado seguro, son los principales detonantes de las violaciones a derechos humanos en la península.

La publicación fue presentada ayer en el restaurante Foro Amaro por Elementa DDHH, Consultoría en Derecho, organización con sede en Bogotá (Colombia) y Ciudad de México, y realizada con el apoyo del Programa de América Latina del Centro Carter en Atlanta, Georgia, la cual se inserta en un proyecto que se desarrolló sobre derechos humanos en contexto.

El estudio se llevó al cabo en alianza con el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y en consulta con organizaciones locales, para reflejar las percepciones de quienes día a día trabajan y estudian las temáticas que se abordan en el documento.

En la presentación se dijo que se planea hacer una serie en varios estados y generar contextos locales, que tienen la importancia de saber en qué condiciones se están protegiendo o no los derechos humanos en cada estado.

“Tenemos como objetivo identificar cuáles son las principales problemáticas transversales y específicas para grupos en situación de vulnerabilidad y también lo que pretendemos con el proyecto es identificar las barreras institucionales en el diseño e implementación de políticas públicas en materia de derechos humanos”, dijo Renata Demichelis Ávila, coordinadora sede México de Elementa.

Lo que queremos hacer es visibilizar cuáles son las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos en la exigencia de garantía y respeto a los derechos humanos en los estados de la república, apuntó la activista.

Destacó que la publicación es una herramienta tanto para las organizaciones de la sociedad civil como para el gobierno.

Precisó que es una aproximación y las problemáticas que reflejan no son las únicas ni las más importantes, son algunas que son recurrentes en el estado y consideran importantes.

Entre las dificultades que atravesó la investigación y preparación del documento, además del tema de cifras oficiales, los presentadores explicaron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) no está generando esa información, lo que evidencia que no existe una política estatal en materia de derechos humanos.

Se señaló que otro de los principales hallazgos es que no hay una agenda, no existe la política estatal de derechos humanos, pero tampoco hay una agenda local en esa materia. — Luis Alpuche E.

Renata Demichelis dijo que el documento pretende hacer una invitación al gobierno de Yucatán para pensarse en el diseño de implementación de una política estatal de derechos humanos, que atienda todas las problemáticas que aquí se señalan.

Más de los temas abordados

Ayer se presentó un estudio sobre los derechos humanos en la entidad.

Invisibilización

En el evento se indicó que, a pesar de que se abordan temáticas muy distintas, todas ellas tienen dos puntos en común que son la invisibilización de las problemáticas y la ausencia de un conocimiento de derechos.

Raíz

Según Elementa, ambos puntos encuentran su raíz en el racismo y en un discurso que promueve a Yucatán como un estado segur en el que “no pasa nada”.

Invitados

Estuvieron también en la presentación de la publicación: Jennie K. Lincoln, del Centro Carter para Latinoamérica y el Caribe; Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa; Ángeles Cruz Rosel, secretaria ejecutiva del Centro de Estudios Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Uady, y Carlos Escoffié, abogado defensor de derechos humanos.

Fuente: Diario de Yucatán.

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