domingo, julio 21

Salarios del Poder Judicial, a Consulta

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Debe ser el Pueblo, el que paga impuestos, quien debe decidir sobre los ingresos de magistrados y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pide la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Prof. Elpidio Domínguez Castro

CAMPECHE, Cam., 13 de diciembre.- La Presidencia de la República usa de nueva cuenta la Consulta Nacional Ciudadana para que sea el Pueblo el que confirme lo relacionado a los salarios de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, quienes ganan más que el Presidente de la República, declaró la presidenta de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Prof. Elpidio Domínguez Castro”, Hermelinda Domínguez Velázquez.

En el entendido de que muchas de las iniciativas del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, están siendo combatidas por quienes se oponen a la regeneración del país, se debe solicitar al Pueblo su opinión para decidir de una vez lo concerniente al tema.

Domínguez Velázquez consideró que en relación con el tema de la Ley de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos, llama mucho la atención que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una de las principales opositoras a la aplicación de la Ley, esté usando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como punta de lanza y parte de su estrategia para rechazar y posiblemente anular la Ley recién promulgada.

Domínguez Valázquez declaró que en sus argumentos los ministros mencionan que se está violando un derecho protegido por la Constitución, pero que además dan a entender que es precisamente ese derecho –sus mega-sueldos de primer mundo- la base de la legalidad que practican, ya que de otra forma quedarían expuestos a la corrupción.

La pregunta que la ciudadanía se hace es: ¿Por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe defender los privilegios de un grupo de funcionarios? ¿A caso la CNDH no debería estar defendiendo los derechos de más de 100 millones de mexicanos, los cuales han sido pisoteados?

Domínguez Velázquez insistió: “Yo invito a nuestro Presidente para que promueva una Consulta Nacional, para que el Pueblo, que es quien paga impuestos, sea quien decida”.

La entrevistada agregó que los altísimos salarios que cobran algunos funcionarios, principalmente los que integran el Poder Judicial, son un insulto al Pueblo y a la inteligencia de los mexicanos, sobre todo de aquellos cuyos ingresos ni siquiera alcanzan para que se alimenten bien.

CNDH, defensora de ministros

El 26 de noviembre, Alberto Peraza Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), vigente desde el 5 de noviembre del presente año. Esta Ley establece que nadie podrá ganar más que el Presidente; es decir, 108 mil pesos.

En su escrito inicial de demanda, la CNDH estima que “la Ley podría contener posibles vulneraciones a los derechos humanos” y solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo decreto combatido.

“La LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual considero conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló la CNDH a través de un comunicado.

Adicionalmente, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Insiste la CNDH

El pasado 10 de diciembre, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 en la Ciudad de México, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, subrayó ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador que el ajuste a las remuneraciones de los funcionarios públicos debe hacerse sin vulnerar los derechos.

El presidente de la CNDH planteó que dicho ajuste se realice con base en estándares internacionales y parámetros objetivos y fundamentados en la Constitución.

“Bajo parámetros (…) que no vulneren derechos, precaricen y debiliten el servicio público, y que más allá de que utilicemos un discurso que nos polarice y divida asumiendo la virtud o los vicios de una persona, en razón del tipo de cargo que desempeña, empecemos a hablar de méritos, capacidades y profesionalismo”, expresó.

Fuente: PorEsto

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