martes, abril 13

SFP denuncia a 95 servidores en un año; Sector salud lidera señalamientos

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De las 33 mil 785 quejas que la Función Pública recibió entre 2018 y 2019, sólo 0.3% se tradujo en recursos penales presentados ante la Fiscalía General de la República

Aunque de diciembre de 2018 al mismo mes de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió 33 mil 785 denuncias ante órganos internos de control y ante unidades de responsabilidades, principalmente en contra de 10 instituciones, sólo 95 se han traducido en denuncias penales contra servidores públicos o exfuncionarios ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En respuesta a una solicitud de información, la secretaría detalló que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública es el que acumula más denuncias ante la Fiscalía, con 10.

Sin embargo, el sector salud es el que concentra la mayoría de las denuncias. El Órgano Interno de Control (OIC) del Hospital General de México Eduardo Liceaga tiene nueve; el OIC del ISSSTE, tres; la secretaría del ramo (Ssa) registra dos recursos, mientras que los OIC del Hospital Juárez de México y del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), uno cada uno.

Otras instancias con denuncias penales ante la FGR son el Servicio de Protección Federal (SPF), el Servicio Postal Mexicano y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre otras.

VAN A FGR 0.3% DE QUEJAS VS. BUROCRACIA

En un periodo de un año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha presentado 95 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra servidores públicos o exfuncionarios públicos federales.

La dependencia había informado que recibió 33 mil 785 denuncias ante órganos internos de control y ante unidades de responsabilidades, principalmente en contra de 10 instituciones, sobre todo del sector salud.

De acuerdo con la información presentada por la Función Pública, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, de esas casi 34 mil denuncias que registró, mil 373 son acumuladas, 691 de captación, 22 mil 741 de investigación y ocho mil 980 concluidas.

Sin embargo, de este paquete de expedientes que ha conformado la secretaría que encabeza Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en el periodo de un año, únicamente 95 casos se han traducido en denuncias penales que han llegado hasta la FGR, es decir 0.3% del total de quejas contra la burocracia.

Según los datos que proporcionó la propia Función Pública en respuesta a una solicitud de información a través del sistema de transparencia, suman casi 100 las denuncias penales contra actuales servidores públicos y exfuncionarios públicos federales.

Detalló que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública es el que acumula más denuncias ante la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, con 10.

En tanto, de las 95 denuncias penales que ha presentado la SFP, el Órgano Interno de Control (OIC) del Hospital General de México Eduardo Liceaga tiene nueve ante la FGR, una de las cuales se presentó desde 2018.

La Función Pública presentó seis denuncias penales que involucran al Servicio de Protección Federal (SPF) –órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana– y cuatro que están relacionadas con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

La información que proporcionó la dependencia federal refirió que hay cuatro denuncias penales que involucran a funcionarios o exservidores públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de las cuales una se presentó desde 2018 y las otras tres el año pasado.

La Función Pública también presentó denuncias penales en contra de funcionarios públicos o exservidores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Órgano Interno de Control del ISSSTE, tres cada uno, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con dos.

Las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía general de la República (FGR) alcanzan a otras instancias del sector salud, como la secretaría del ramo (Ssa), que registra dos recursos, así como los órganos internos de control del Hospital Juárez de México y del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), con uno cada uno.

La dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval Ballesteros también denunció a servidores de áreas estratégicas de la actual administración, como la que presentó en junio del año pasado, que involucra al Banco del Bienestar y una relacionada con la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, que corresponde al puerto con mayor movimiento de carga en el Golfo de México, con más de 30 millones de toneladas, según datos del cierre de 2019.

Otras instancias que alcanzaron denuncias penales, con una cada una, son la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), el Órgano Interno de Control de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), el Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Fideicomiso de Fomento Minero y la Exportadora de Sal.

Pese a que sólo ha presentado 95 denuncias penales ante la FGR, según el Informe de fiscalización de la Función Pública 2019, la Función Pública realizó más de dos mil 500 auditorías, que permitieron realizar más de 10 mil observaciones asociadas a más de 544 mil millones de pesos, los cuales, a su vez, dieron origen a más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas o informes sobre diversas irregularidades.

Además, refirió que del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 se continuó con el trámite de los 62 expedientes de procedimientos de responsabilidad que se recibieron de la administración pasada y se iniciaron 87, para un total de 149.

En el documento que dio a conocer la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, precisó las determinaciones que han tomado.

“De este universo se han resuelto 62, ya se impuso en cinco casos la sanción de destitución en inhabilitación por 10 años. Todas las sanciones han obedecido a la falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales. En 12 asuntos se determinó la inexistencia de responsabilidad administrativa, en nueve la abstención de sanción, en 14 la improcedencia por prescripción y en uno el sobreseimiento”, detalló.

Fuente: Excelsior.

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