Vivienda digna, una fantasía

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Proyectos y desarrollos inmobiliarios, de la mano del Gobierno, persiguen propósitos económicos y NO sociales / En Campeche, miles viven en hacinamiento y otros NO pueden pagar una casa de interés social, mientras AMPI asegura que existe un déficit de 4 mil casas.

CAMPECHE, Cam.-A pesar de que instituciones como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) calculan que en la capital campechana prevalece un importante déficit de alrededor de 4 mil viviendas, resulta inexplicable el fenómeno de la existencia de cientos de casas abandonadas y una excesiva oferta de casas de interés social en renta, precisamente en los fraccionamientos constituidos hace poco menos de 10 años.

El fenómeno de los proyectos truncos, abandonados, casas deshabitadas u ofertadas en renta no es privativo de la capital campechana. Tan sólo en el fraccionamiento Siglo XXIII se pudo contabilizar un total de 80 viviendas que están abandonadas y por lo menos 120 que son dadas en renta por sus propietarios originales, quienes no han concluido el pago de las mismas y además son poseedores de otros inmuebles.

También es necesario mencionar que año tras año, los gobiernos federal, estatal e incluso el municipal destinan enormes cantidades de dinero público para financiar proyectos de vivienda; sin embargo, ha sido imposible abatir el supuesto déficit. El último análisis realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) reveló que en Campeche la demanda de vivienda –a nivel estatal- fue de 7 mil 382 solicitudes.

En el presunto afán de las autoridades de atender la demanda de vivienda, los gobiernos federal y estatal, en forma conjunta con algunas empresas campechanas, iniciaron durante las administraciones de los gobernadores José Antonio González Curi y Jorge Carlos Hurtado Valdez ambiciosas inversiones en casas de interés social.

En consecuencia, hoy tenemos decenas de fraccionamientos donde viven hacinadas miles de familias, que sufren las consecuencias de habitar en viviendas construidas con material de mala calidad, sin eficiente drenaje pluvial y sanitario; con obras de equipamiento mal construidas e incluso truncas; con servicios limitados de transporte público y escasa presencia policial.

De supuestos “modelos desarrollo viviendísticos”, estos hacinamientos humanos, donde las familias gozan de una calidad de vida pésima -muchas de ellas acosadas por despachos recuperadores de deuda, contratadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y compañías inmobiliarias- pasaron a convertirse en “focos rojos”, en materia de seguridad pública y altos índices de marginalidad o pobreza.

Como es de suponerse, los grandes planes de vivienda terminaron incumpliendo su propósito de mejorar la calidad de vida de los beneficiaros, que fueron condenados a vivir en habitaciones donde ni siquiera es posible colgar adecuadamente una hamaca y donde una cama ocupa la mayor parte de la superficie de la mini-vivienda.

Asignación de créditos

Al arrancar el 2018, el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas inició el proyecto de 777 millones de pesos para la construcción de mil 323 viviendas en nueve fraccionamientos de la ciudad, a través de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), dependencia que dijo que tenía planes para desarrollar mil 200 casas más.

Construir vivienda de interés social en Campeche genera beneficios, pero no precisamente para quienes contratan créditos, sino para un diminuto puñado de desarrolladores, vinculados casi siempre con los altos funcionados gubernamentales.

En teoría, los créditos de vivienda de interés social son entregados a familias trabajadoras que gozan de los servicios financieros que da el Infonavit, aunque en los últimos años también se fomentó la asignación de créditos hipotecarios por parte de financieras o bancos.

Incluso, las empresas inmobiliarias echaron mano de la publicidad y el marketing para fomentar la “inversión” inmobiliaria y de esta forma comercializar los proyectos de vivienda. Finalmente muchos de los créditos fueron otorgados a personas que no podían pagarlos; asimismo, no en pocas ocasiones los adquirientes de los créditos se valieron de información falsa para poder acceder al crédito. El resultado casi siempre es el mismo, incapacidad para pagar los créditos.

Actualmente, la realidad es que las viviendas son adquiridas por quienes pueden pagarla, de tal forma que existen personas que tienen hasta dos o tres créditos de vivienda, que les fueron asignados, no por ser demandante de vivienda, sino porque calificaron para la obtención de los créditos. Estas personas, al no necesitar la vivienda las dan en renta cobrando hasta mil 500 pesos por una casa que no ha sido modificada y hasta 3 mil pesos si se le ha hecho alguna mejora. El negocio es rentable ya que las mensualidades que pagan por cada crédito no rebasan los 900 pesos.

Paisaje desolador

Construidos en superficies que no contemplan zonas de amortiguamiento ecológico, amontonadas y uniformes, los hacinamientos humanos mal llamados fraccionamientos de viviendas de interés social, también tienen un destino más dramático, ya que debido a diversas circunstancias, muchas de las viviendas construidas nunca serán asignadas u ocupadas, teniendo como destino seguro el abandono.

Por esa razón, ahora es común que la mancha urbana esté plagada de sitios que presentan un paisaje desolador, constituido por viviendas vacías, semidestruidas y abandonadas. Sin embargo, estas inversiones fueron realizadas con el propósito de atender una necesidad básica de los campechanos: un sitio para habitar, de calidad y benéfico para su desarrollo personal.

La problemática que plantean los gobiernos y las empresas que especulan con la necesidad de vivienda, se ciñe a la lógica de que la cantidad de personas que necesitan un asentamiento en la ciudad debería ser la misma que pueda obtenerlo, comprando mediante el Infonavit u otras dependencias estatales; pero la realidad no es esa.

Los vecinos del fraccionamiento Siglo XXIII, Aamos, entre otros recién construidos en la ciudad, se preguntan hasta cuándo se ocuparán esas casas, porque son un foco de reunión de personas ajenas a las colonias y podrían representar un peligro en el caso de que fueran delincuentes.

Afirmaron que el problema con las casas vacías en las diferentes colonias de la ciudad, es que atraen a personas desconocidas que podrían ocasionar problemas a futuro, porque muchas veces se reúnen a consumir alcohol en esas zonas y después se van.

Consideraron que si la inseguridad ha estado muy presente en los últimos años, la permanencia de estas personas en las casas vacías genera temor en los vecinos que ahí habitan; además de que la poca circulación de elementos policiacos por esos sitios, dada la lejanía del centro de la ciudad, invita a los delincuentes a ocupar estos espacios sin problema alguno.

Los colonos se quejan de que los empresarios del sector inmobiliario construyan demasiadas casas en los fraccionamientos cuando no tienen contemplado que se ocupen en la prontitud, dado que luego ocasionan incertidumbre sobre la calma que se pueda tener en esos alojamientos.

Insistieron en que es necesaria la intervención de las autoridades tanto municipales como estatales, para que en lugar de que se sigan construyendo muchas casas en la ciudad, se preocupen por facilitar la obtención de casa para los campechanos; porque saben que hay muchas colonias donde habitan ilegal o legalmente, pero en situaciones muy deplorables, muchos de sus paisanos y no deberían presentarse ese tipo de asentamientos en un estado que se hace llamar el más seguro.

Grave situación: AMPI

En su momento, el AMPI declaró que igual hacía falta más inversión por parte de los empresarios campechanos para ampliar el mercado inmobiliario en la entidad, pero que muy pocos se atreven a invertir en ese campo, por la gran inversión que esto representa, debido al tipo de suelo que existe en la ciudad.

También manifestó que hay un escape de capital hacia el Estado de Yucatán por el suelo que permite la construcción de casas con menor inversión y representa un gasto mínimo para los campechanos que prefieren irse al estado vecino.

Declaró en el 2017 que las casas en la entidad se podían conseguir con una inversión arriba de los 800 mil pesos, lo que incentiva a los campechanos a ir a otros estados como Yucatán y Tabasco, donde los costos van desde los 300 mil, hasta arriba de los 800 mil; lo que permite a todas las personas obtener un alojamiento dentro de sus posibilidades económicas.

Añadió que los ciudadanos, en vista de que es un trato directo y que el Infonavit facilita la obtención de un crédito, prefieren conseguir casas usadas.

Asentamientos irregulares

Desde este medio impreso, nos cuestionamos lo mismo que la ciudadanía campechana ¿En qué momento de toda esta campaña permanente que tienen el Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, y el nuevo alcalde Eliseo Montufar Fernández fijarán su mirada hacia los asentamientos irregulares, que podrían desaparecer para que las personas ocupen una casa que cumpla con condiciones óptimas de vivienda?

Tal vez no haya una respuesta en los próximos días o meses, sino cerca de las elecciones de gobernador; sin embargo en diversas colonias de la ciudad, seguirán sobreviviendo todas esas personas que, al no poder participar por un crédito y no tener una ganancia constante por la cruenta situación del país, luchan por permanecer en sus “casas” desatendidos por el Ayuntamiento y sin alguna muestra de interés por parte del ejecutivo estatal.

Fuente: PorEsto

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