miércoles, mayo 8

Inédita medida: con amparo ¡Ya Basta! pide marcha atrás a reforma judicial en Yucatán

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Las acciones impugnadas por la iniciativa ciudadana involucran a autoridades de los tres poderes del Estado

En inédita medida de una agrupación ciudadana contra un proceso legislativo en Yucatán, el colectivo ¡Ya Basta! recurrió a la justicia federal para solicitar amparo contra el procedimiento que se siguió en las reformas al Poder Judicial del Estado.

El proyecto ciudadano responsabiliza a siete autoridades de violaciones e incumplimientos en el proceso. Busca no solo la suspensión de los actos reclamados sino la reposición de todo el proceso de reformas —incluyendo el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia—, para que éste se realice de nuevo en el Congreso con apego al modelo de Parlamento Abierto.

Ese modelo, recuerda ¡Ya Basta!, está en la Ley de Gobierno del Poder Legislativo desde hace dos años y en esta ocasión fue ignorado, como en otros casos en la presente Legislatura.

El colectivo aclara que con esta demanda de amparo no pretende salir en defensa de nadie, mucho menos de quienes se supone que son los directamente afectados con la reforma. Incluso, califica de triste y lamentable que ninguno de los magistrados del Tribunal Superior haya levantado la voz y, peor aún, que la mayoría haya solicitado su retiro anticipado para no perder privilegios económicos.

Y subraya: “Todo lo hecho al calor de la reforma es inconstitucional, se debe dar marcha atrás y reponer el procedimiento”.

¿A quiénes se acusa?

Las acciones impugnadas por la iniciativa ciudadana involucran a autoridades de los tres poderes del Estado. Las señaladas como responsables de tales actos son:

1- La LXIII Legislatura del Congreso del Estado.
La mesa directiva de esa 2-Legislatura, representada por su presidenta, Ingrid del Pilar Santos Díaz.
3- La presidenta de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, Carmen Guadalupe González Martín.
El presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública, Gaspar Armando Quintal Parra.
El gobernador constitucional del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal.
El pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, representado por su presidente.
El pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, con la misma representación ya citada.
¡Ya Basta! recalca que promovió el juicio de garantías porque el procedimiento legislativo de las reformas se realizó sin que el Congreso cumpliera su propia Ley de Gobierno.

En esa ley se incluye la figura de Parlamento Abierto, que el propio colectivo puso en la agenda pública e impulsó su aprobación, concretada en mayo de 2020.

Ningún antecedente de un amparo igual
Antes de esta solicitud de amparo se conocían los recursos que interpusieron integrantes del Poder Judicial por casos específicos, pero en ninguno de ellos se combate todo el proceso de reformas. Es, además, la primera organización de la sociedad que levanta la voz en el tema.

El dictamen de reformas fue aprobado por la LXIII Legislatura el 28 de abril pasado. Se modificaron la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán en materia de reforma al Poder Judicial.

El decreto respectivo se publicó en el Diario Oficial del Estado el 4 de mayo.

La solicitud de amparo de ¡Ya Basta! está suscrita por los integrantes del grupo promotor del colectivo: Blanca Genoveva Estrada Mora, Marysol del Socorro Canto Ortiz y Nicolás Andrés Dájer.

¿Por qué se promueve esta demanda?
En una entrevista, los promoventes del juicio de garantías ponen énfasis en los siguientes conceptos:

—Se trata de un amparo indirecto, colectivo y ciudadano, contra el proceso de reformas al Poder Judicial, que implicó cambios a la Constitución local.

—¿Por qué se presentó la demanda? Porque el Congreso del Estado llevó todo el proceso en secreto e incumplió su propia Ley de Gobierno, así como directrices establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el caso del matrimonio igualitario, en el cual se ordenó al Poder Legislativo que repusiera el procedimiento de votación, que en una primera instancia se realizó en secreto.

—Nuestra petición de amparo va en defensa de la participación ciudadana efectiva en la vertiente de Parlamento Abierto. Quienes presentamos esta demanda tenemos interés legítimo en el proceso porque somos quienes pusimos esa figura en la agenda pública y también estuvimos trabajando en la incidencia legislativa hasta que se logró que el modelo se institucionalizara y quedara en la Ley de Gobierno del Poder Legislativo. Un modelo que la actual Legislatura no solo obvió sino que incumplió.

Sin atención de la ciudadanía yucateca
—Hay una absoluta transgresión del Congreso a su propia Ley de Gobierno, pues en ningún momento se permitió ni promovió la participación de la sociedad en su conjunto.

—También hay una clara vulneración a los derechos humanos, civiles y políticos, tanto en lo individual como en lo colectivo y social, al excluir la participación ciudadana en ese proceso mediante Parlamento Abierto. No es un asunto cualquiera: se trata de una acción trascendental que considera cambios a la Constitución, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus reglamentos.

—Las acciones emprendidas con la interposición del amparo tienen como fin la reposición del proceso de reformas en su totalidad y que éste se lleve al cabo con respeto a las reglas de Parlamento Abierto, que hace dos años logramos que se institucionalizara como ley en Yucatán.

Insistencia en el Parlamento Abierto

—Estamos dispuestos a llevar este tema hasta donde sea necesario, hasta donde tengamos que llegar. Queremos que el modelo de Parlamento Abierto no sea tomado al arbitrio y capricho de los diputados. No queremos que se utilice esa figura para darnos atole con el dedo, usándola para casos que no lo ameriten y que terminen siendo una burla.

En próxima edición abundaremos en los conceptos de ¡Ya Basta! y en los señalamientos a las autoridades señaladas como responsables de los actos reclamados

Fuente: Diario de Yucatán

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